FACUA lamenta las reducidas sanciones de la ley hipotecaria andaluza, que sin controles será papel mojado

FACUA Andalucía lamenta las reducidas sanciones establecidas en el anteproyecto de ley andaluza sobre información hipotecaria y advierte de que si continúa la falta de mecanismos eficaces de control por parte de la Secretaría General de Consumo, la norma se convertirá en papel mojado.

Así, la federación considera claramente insuficiente el millón de euros de sanción que fija como máximo para las infracciones muy graves el anteproyecto de Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

En este sentido, FACUA Andalucía recuerda que la sanción máxima fijada en la legislación estatal de protección al consumidor es de 600.000 euros desde hace más de treinta años. Si ese importe se hubiera actualizado conforme al IPC, hoy sería de 1,9 millones de euros, una cantidad también muy reducida pero que representa el doble de la cuantía fijada en el anteproyecto de ley andaluz.

No obstante, la federación valora positivamente que el texto establezca la posibilidad de que las multas puedan representar hasta diez veces el importe de la cantidad defraudada. En este sentido, supera lo establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios plantea desde 1984 que fija hasta el quíntuplo de lo defraudado, y se equipara a la normativa de consumo catalana.

En cualquier caso, FACUA Andalucía recuerda que hasta la fecha, la Junta de Andalucía nunca ha impuesto multas por fraudes masivos utilizando el criterio de proporcionalidad con las dimensiones del fraude, por lo que para su aplicación es esencial un importante giro en las políticas sancionadoras de las autoridades de consumo andaluza.

Avances, como las obligaciones de información a los avalistas

La federación considera que el texto que ahora pasa al Parlamento contiene elementos positivos y supone avances para aumentar la información a los usuarios, entre ellas la obligación de informar a los avalistas en las mismas condiciones que a los titulares de las hipotecas. Pero también adolece de carencias que no se han tenido en cuenta por parte del Gobierno andaluz pese a las alegaciones efectuadas por FACUA Andalucía.

No regula los contenidos de la publicidad

Así, critica que el anteproyecto no entre a regular suficientemente los contenidos de la publicidad de las ofertas hipotecarias. Así, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, competente en la protección de los consumidores, no ha establecido qué criterios deben cumplir los anuncios de los bancos, que habitualmente inducen a confusión al ocultar o relegar a una minúscula tipografía elementos que resultan claves a la hora de comparar hipotecas.