Admite a trámite una querella por los insultos de un anónimo en un foro de Internet

La Audiencia de Madrid dice que los delitos en la Red deben investigarse con independencia de su gravedad

El Juzgado de Instrucción la inadmitió por considerar que sólo había una falta de injurias, pero la Audiencia entiende que insultar a través de Internet incrementa los efectos lesivos del derecho al honor y que establecer trabas a la persecución penal favorece su impunidad.

La Audiencia Provincial de Madrid ordena admitir a trámite una querella contra el autor de unas frases denigrantes vertidas en un foro de Internet amparado en el anonimato de un nickname.

El juzgado de Instrucción inadmitió la querella al entender que los comentarios sólo eran constitutivos de una falta de injurias, y quedaban por tanto fuera del amparo de la Ley 25/2007, que limita la investigación tecnológica a los delitos graves. "Los magistrados señalan que insultar a través del más potente medio de difusión social de nuestro tiempo incrementa los efectos lesivos del derecho al honor y que establecer trabas a la persecución penal favorece su impunidad", informa el Consejo General del Poder Judicial en su web.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción nº 38 que admita a trámite la querella presentada por una persona contra el usuario de un foro de Internet que, amparado en el anonimato de un ‘nickname’, ha vertido expresiones contra ella con un contenido inequívocamente injurioso y absolutamente innecesario para exponer la opinión de nadie, como decir que tiene "pinta de zorra inmunda" o calificarla de "perra".

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid había inadmitido la querella contra el derecho al honor al entender que los referidos comentarios no son constitutivos de un delito de calumnias, sino, a lo sumo, de una falta de injurias. Y acordó el sobreseimiento provisional ante la falta de autor conocido pues la Ley 25/2007 impedía acudir a la investigación tecnológica para averiguar su identidad al tratarse de un delito que no está calificado como grave y llevar aparejada una pena inferior a cinco años de cárcel.

En contra del criterio del juez instructor, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideran que dicho criterio, en la medida quelimita la investigación tecnológica sólo a los delitos graves, dejaría fuera de la averiguación criminal la posesión, producción, venta o difusión de material pornográfico en que se hayan utilizado menores de edad, al estar castigado con pena menos grave, cualquier delito de amenazas o el delito de prostitución de menores, delitos que, frecuentemente, utilizan las redes de comunicación para su comisión.

En la misma línea, los jueces recuerdan que al verter expresiones a través del más potente medio de comunicación y difusión social de nuestro de tiempo, que es Internet, se incrementa el efecto lesivo y se alcanza una gravedad que no se puede minimizar. Los efectos indeseables de estas conductas, -aclaran los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid-, aún pueden aumentar más si se alcanza en la sociedad una sensación generalizada de impunidad por que se han establecido injustificadas trabas legales o judiciales al esclarecimiento y persecución penal de estos comportamientos.

"El resultado no sería otro que la absoluta desprotección penal de un bien jurídico tan importante como el derecho al honor, cuando el ataque se encauza a través de Internet u otros servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones", dicen los jueces.

Todas estas circunstancias, concluyen los magistrados, permiten valorar como socialmente graves los hechos delictivos que se denuncian en la querella y permiten considerar legítima, adecuada y proporcionada la investigación tecnológica con la finalidad de conocer la verdadera identidad de quien se esconde tras el anonimato de un ‘nickname’, al encajar los hechos denunciados en la expresión "delitos graves" utilizada por la Ley 25 /2007.

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