Sigue sin aclarar el destino de los más de 512 millones recaudados

El Gobierno rectifica al acercarse las elecciones y suprime las tasas judiciales para personas físicas

FACUA pide que se eliminen también para personas jurídicas sin ánimo de lucro. Considera que el Ejecutivo asume de forma velada que las tasas judiciales implican la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

FACUA-Consumidores en Acción celebra la eliminación de las tasas judiciales para personas físicas, una rectificación del Gobierno que se produce al acercarse la fecha de las elecciones generales. La asociación reclama que se eliminen también para personas jurídicas sin ánimo de lucro.

FACUA considera que la decisión adoptada este viernes en el Consejo de Ministros supone que el Gobierno asume de forma velada que las tasas judiciales implican la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia, tal y como argumentan los recursos presentados por numerosas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido.

Como numerosas organizaciones y movimientos ciudadanos, FACUA viene denunciando que las tasas judiciales impuestas por el Gobierno del PP hace dos años han establecido en España  una justicia para ricos y otra para pobres, limitando el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos.

FACUA exige a Justicia que aclare el destino de lo recaudado

Asimismo, FACUA insiste en exigir al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso.

Mientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.

FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados.

La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.

Desde finales de 2012 la ley ha obligado a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.

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