Hacienda denuncia el pago de comisiones para agilizar la instalación de parques eólicos en Castilla y León

Un informe de la inspección de la Agencia Tributaria establece "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo".

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la existencia de una trama organizada de pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Así lo refleja un informe elaborado por la inspección de Hacienda que establece "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo", indica hoy el diario El País. Esta trama cobró de las eléctricas al menos 110 millones de euros.

El informe da cuenta de siete operaciones de este tipo, en las que se paga a empresarios locales o altos cargos directamente o a través de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques sin contraprestación o actuación concreta.

Los participantes mencionados en el documento son autoridades públicas de la Consejería de Economía de Castilla y León (que autorizaba los parques), las empresas eléctricas responsables de la instalación y explotación de los parques, los intermediarios promotores y empresarios locales.

En el informe se documentan pagos hasta 2009, aunque la investigación de Hacienda se centra en 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2009.

Los pagos documentados en la investigación tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques. En algunos casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde seis años antes.

En el informe se detalla que las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas junto a cargos de la Consejería de Economía o empresarios locales cercanos al órgano autonómico. Después, la eléctricas presentaban el proyecto, el estudio de impacto medioambiental y promovían el proyecto, esto es, hacían todo el trabajo relacionado con la puesta en marcha de los parques, pero la asociación agilizaba la consecución de los permisos necesarios. Una vez conseguida la autorización, recompraban las acciones al socio local por un precio que multiplicaba su aportación.

La investigación de Hacienda concluye que su objetivo era estudiar las deudas tributarias pendientes, pero dado que sus hallazgos pueden constituir "indicio o prueba de blanqueo de capitales", envían el informe a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que "continúen las investigaciones".

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