FACUA Andalucía pide a Susana Díaz que resucite las políticas de protección de los consumidores

FACUA Andalucía pide a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que resucite las políticas de protección de los consumidores, que llevan casi cinco meses agonizando y varias legislaturas ocupando un papel absolutamente anecdótico en las tareas de gobierno.

La federación advierte de que tras la ruptura del pacto de gobierno con IU el pasado enero, el Gobierno andaluz decidió dejar la Secretaría General de Consumo sin nadie al frente, lo que ha derivado en la práctica ausencia de decisiones políticas en dicho organismo con rango de viceconsejería creado en la última legislatura.

FACUA muestra su preocupación ante la posibilidad de que la decisión de Díaz sobre la Secretaría General de Consumo respondiese a la intención de volver a rebajar las políticas de protección de los consumidores en el organigrama de la Junta al rango de dirección general, o incluso que integre éstas en un organismo con varias competencias.

La virulencia de los fraudes que sufren los consumidores en los últimos tiempos hace que hoy sea más necesario que nunca que la defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude se conviertan en una política prioritaria en Andalucía y el resto de comunidades autónomas, señala la federación.

Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores

Entre sus principales reivindicaciones, FACUA Andalucía reclama la creación de una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores como organismo autónomo adscrito a la consejería en la que se ubique la Secretaría General de Consumo. Es una de las medidas que recoge el documento 60 propuestas de FACUA Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores, que la federación envió al conjunto de fuerzas políticas antes de las elecciones.

Para la federación, la Junta de Andalucía debe contemplar como prioritario un control eficaz y la aplicación de multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos fraudes masivos, algo inédito hasta la fecha, y un cambio legal para que los usuarios que sufren abusos puedan reclamar indemnizaciones.

En relación a la creación de la Agencia, el documento plantea que "la protección de los consumidores y usuarios debe recaer en un organismo que concentre las competencias en una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo y que tenga autonomía para ello".

FACUA Andalucía advierte de la alarmante ausencia de mecanismos eficaces y transparentes de control del mercado. Ante esto, demanda una Agencia con "una estructura administrativa ágil y eficaz donde sea posible concentrar recursos suficientes para luchar eficazmente contra el fraude. Un organismo con presupuesto propio, vinculado a una consejería de carácter transversal y de relevancia económica y política dentro de la estructura del Gobierno andaluz".

Indemnizaciones a las víctimas de fraudes

Asimismo, la federación pide la "aprobación de una norma que regule expresamente la reparación del daño causado al consumidor y el procedimiento para ser indemnizado y, en su caso, acuerde la devolución de las cantidades indebidamente abonadas". Para FACUA Andalucía, una forma eficaz de reducir los fraudes es obligar a las empresas que los cometen a abonar una indemnización a los afectados, independientemente de la obligación de cumplir sus contratos y devolver las cantidades cobradas indebidamente.

En cuanto a las multas, FACUA Andalucía exige la "revisión y actualización del régimen sancionador y sus cuantías (...) para garantizar que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a conductas que atentan contra los derechos de los consumidores". En este sentido, la federación critica que la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobada en 2003, supuso un gravísimo retroceso, al reducir el importe de las multas con respecto a las vigentes desde mediados de los años 80.

Eso sí, la federación advierte de que sea cual sea el marco sancionador establecido en la ley, de nada servirá si no hay voluntad política para aplicar multas propocionales a la gravedad de los fraudes que se cometen contra los consumidores. En este sentido, critica la inaceptable la laxitud con la que, Gobierno tras Gobierno, se actúa frente a las graves irregularidades que cometen numerosas empresas.

El documento de FACUA Andalucía también recoge la necesidad del "refuerzo de la protección del consumidor en relación con servicios esenciales", como la banca, las telecomunicaciones y la energía. Asimismo, demanda la "regulación de la protección de los consumidores vulnerables y mínimos vitales, garantizando el acceso a servicios básicos esenciales: luz, agua, vivienda, y aumentando el control sobre las prácticas abusivas".