FACUA considera insultante que las eléctricas demanden al Gobierno la eliminación de la tarifa regulada

La Federación advierte que con la desaparición de la tarifa regulada y la aplicación únicamente de precios liberalizados, los usuarios sufrirían inmediatamente un aumento en la factura eléctrica mucho mayor al que ya viene produciéndose cada año.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera insultante que después de haber disminuido la calidad del servicio en los últimos años por abandonar las inversiones en distribución para derivarlas a otros ámbitos que les reportarían beneficios a más corto plazo, las compañías eléctricas españolas demanden ahora al Gobierno la eliminación de la tarifa regulada.

FACUA advierte que la eliminación de la tarifa regulada no puede ser, de ninguna forma, la moneda de cambio para que las eléctricas hagan hoy las inversiones que no han querido hacer en los últimos años y que han provocado una importante disminución en la calidad del suministro.

El marco regulatorio debe cambiar, señala la Federación, pero para beneficiar a los usuarios dotándoles de mayor protección y forzando a una mejora de la calidad del servicio. FACUA demanda al Gobierno la participación de las asociaciones de consumidores en el debate acerca de la necesaria actualización de la regulación del sector y sobre cuál debe ser la tarifa y su procedimiento de fijación, de forma que se garantice una tarifa regulada adecuada a un servicio de calidad.

FACUA critica que la pretensión del sector eléctrico es que el Gobierno elimine o incremente considerablemente la tarifa regulada para que los usuarios se vean obligados a acudir a las tarifas del mercado liberalizado, que hasta la fecha muy pocos han contratado dado su poco atractivo. Unas tarifas que experimentarían un importante aumento de forma inmediata si el Ejecutivo socialista accediese a la demanda de las compañías, incremento mucho mayor al que ya viene produciéndose cada año en la tarifa regulada.

La Federación denuncia que el modelo liberalizador puesto en marcha en 1997 ha fracasado rotundamente. Un modelo que no ha traído las bajadas de precios anunciadas, ni tan siquiera un mantenimiento de las tarifas, y que además ha derivado en una importante disminución de la calidad del suministro y del servicio que ofrecen las eléctricas.

Y ello debido a que ha creado espejismos y ha permitido que las compañías dejen de un lado las inversiones en la distribución eléctrica para centrarse en otros ámbitos supuestamente más rentables como la generación, la comercialización, las inversiones en otros negocios (telefonía, suministro de gas, agua, seguros...) y en Latinoamérica.

Asimismo, FACUA demanda una modificación de los índices de calidad establecidos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (con corrección de errores publicada en BOE el 13 de marzo de 2001). Los niveles de calidad exigidos a las eléctricas son desproporcionados y deben aumentarse de forma considerable y hay que revisar el amplio concepto de fuerza mayor con el que las compañías pueden eludir responsabilidades ante los cortes de suministro.

Asimismo, es necesario reducir el número de cortes y horas sin luz anuales que un usuarios debe sufrir para que tenga derecho a una indemnización, al tiempo que hay que aumentar la cuantía de las mismas. En este sentido, tampoco es aceptable que deba esperarse hasta el año siguiente al que se producen los cortes para recibir esas indemnizaciones, por lo que hay que habilitar un procedimiento mucho más ágil y eficaz para que los consumidores sean resarcidos de los cortes de suministro.

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