FACUA Sevilla informa sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña

Explica las características, ámbito de aplicación y pasos del procedimiento de este instrumento extrajudicial de resolución de conflictos.

FACUA Sevilla informa sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña

FACUA Sevilla ofrece información sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña informativa financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

La asociación explica las características, ámbito de aplicación y pasos del procedimiento arbitral.

Esta herramienta pretende ser un instrumento útil para que los consumidores conozcan este instrumento extrajudicial de conflictos.

Sistema Arbitral de Consumo

El Sistema Arbitral de Consumo es un instrumento extrajudicial de conflictos al que pueden acudir los consumidores y usuarios para la resolución de sus problemas, como consecuencia de sus relaciones de consumo con los empresarios o profesionales en las prestaciones de bienes o servicios.

El Sistema Arbitral de Consumo se encuentra regulado por lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

A través del arbitraje de consumo, consumidor y empresario someten el problema de forma voluntaria a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, y toma una decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos.

Se trata, por lo tanto, de vía útil y alternativa mediante la cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, de forma más sencilla y eficaz. 

El resultado de la decisión arbitral, denominado laudo, tiene fuerza vinculante, es decir, que su contenido se equipara al de una sentencia judicial.

Principales características del sistema arbitral

-Voluntariedad: sólo se pone en marcha por la adhesión libre de las partes en conflicto.

-Gratuidad: es gratuito para las partes que deben costear, sólo en determinados supuestos, la práctica de peritajes.

-Previa solicitud del usuario: aunque sólo se puede iniciar a instancia del consumidor o usuario y nunca del empresario, comerciante o profesional, a lo largo del proceso, pueden plantear cuestiones o pretensiones que estén directamente vinculadas con la reclamación. 

-No obstante, las empresas sí pueden presentar Ofertas Públicas de Adhesión a través de las cuales se comprometen a aceptar las solicitudes de arbitrajes que les planteen los usuarios dentro de los términos que la propia oferta recoja.

De esta forma, el hecho de que una determinada empresa o profesional esté adherido al sistema arbitral supone:

-La aceptación del Sistema Arbitral de Consumo como vía de resolución de los conflictos que le puedan plantear sus clientes.

-La empresa adherida ofrece a sus clientes una garantía de calidad, credibilidad y seriedad empresarial.

-Le confiere el derecho a exhibir el distintivo oficial en sus comunicaciones comerciales, en su establecimiento, en su publicidad, Internet, etc.

-Posibilita su inclusión en el Registro Público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

-Sencillez y Eficacia: el conflicto se resuelve mediante un laudo o resolución del Colegio Arbitral que obliga con la misma fuerza que una Sentencia Judicial, con lo que agota la posibilidad de acudir posteriormente a esta vía.

-Ejecutividad: los laudos dictados por el Colegio Arbitral son ejecutivos y de obligado cumplimiento.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación es muy amplio ya que atiende y resuelve las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en relación con sus derechos legal o contractualmente reconocidos, dentro del ámbito del consumo.

Sin embargo, no pueden ser objeto de arbitraje de consumo las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva, y en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

Por otra parte, los órganos arbitrales pueden ser de dos tipos: unipersonales y colegiados.

Los órganos arbitrales unipersonales son aquellos en los que la decisión corresponde a un único árbitro. Para que esto sea así debe existir acuerdo entre las partes. El nombramiento de un solo árbitro puede decidirlo también el presidente de la Junta Arbitral, siempre que la controversia no supere la cuantía de 300 euros. En este caso, y si así lo consideran oportuno las partes, podrán oponerse a la designación de un árbitro único, procediéndose entonces a designar un colegio arbitral.

Los órganos arbitrales colegiados son aquellos compuestos por tres árbitros acreditados. En ese caso uno de ellos es elegido de entre los propuestos por la administración, otro de entre los propuestos por las asociaciones de consumidores y usuarios y otro entre los propuestos por las organizaciones empresariales o profesionales. 

Pasos del procedimiento arbitral

El arbitraje siempre comienza a petición del usuario, a través de una denominada Solicitud de arbitraje. Dicha solicitud podrá ser presentada, bien directamente, o bien a través de una asociación de consumidores, por escrito, por vía electrónica o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su registro.

La solicitud de arbitraje deberá reunir al menos los siguientes requisitos: 

-Nombre y apellidos, domicilio, lugar señalado a efectos de notificaciones y, en su caso, de su representante. Además, los ciudadanos españoles expresarán el número del documento nacional de identidad, y los extranjeros, el número de identidad de extranjero o, en su defecto, el de su pasaporte o documento de viaje.

-Nombre y apellidos o razón social y domicilio de la parte reclamada, que permita su identificación completa.

-Breve descripción de los hechos, exposición sucinta de los mismos por parte del reclamante. 

-Los documentos o pruebas que permitan dejar constancia a acreditar los hechos reclamados.

-Petición o pretensión concreta que se solicita, determinando, en su caso, su cuantía y fundamentos.

-Lugar, fecha y firma, convencional o electrónica.

Lo normal es que una solicitud de arbitraje sea admitida a trámite, pero en el caso de que no sea así, cabe la posibilidad de recurrir la decisión, si existen motivos fundados para ello.

Admitida a trámite la reclamación por parte del presidente de la correspondiente Junta Arbitral, si consta convenio arbitral o la empresa está adherida, se inicia directamente el procedimiento arbitral y se notifica a las partes.

En caso de que la empresa no esté adherida al sistema arbitral, el arbitraje deberá ser aceptado expresamente por la empresa. Se entenderá que el reclamado no ha aceptado el arbitraje si en el plazo de quince días no consta su voluntad expresa de aceptar el mismo. Pasado este plazo, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la solicitud, notificándoselo a las partes. 

A su vez, se da traslado al reclamado de la solicitud de arbitraje para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presente los documentos que estime pertinentes o proponga las pruebas de que intente valerse, debiendo darse traslado de dichas alegaciones al reclamante para su conocimiento, y para que pueda contestar a las mismas si así decidiera hacerlo.

Diferencia entre arbitrajes en derecho o en equidad

El arbitraje puede resolverse en derecho o en equidad. En los casos de arbitraje en derecho, los árbitros deciden el laudo con sujeción a las normas y leyes establecidas. Sin embargo, en los arbitrajes en equidad la resolución se realiza en base a las reglas de su leal saber y entender, en base al criterio de lo que debe entenderse “justo”. Lógicamente, en ambos casos la decisión es tomada con atención a las pruebas y argumentos presentados por las partes y valorando objetivamente las circunstancias ocurridas.

La decisión de optar por el arbitraje de derecho o el de equidad corresponde a las partes. En caso de que se opte por el arbitraje en derecho, los árbitros deberán ser licenciados en derecho.

Arbitraje de consumo sectorial y especializado

En algunas ocasiones se pueden producir arbitrajes de carácter sectorial en los casos en los que, por su naturaleza, requieran la inmediatez de su tramitación. En estos casos podrá convocarse a las partes a audiencia, sin más trámite, siempre que se haya verificado la admisibilidad de la solicitud y la validez del convenio arbitral y se haya procedido a la designación del árbitro o árbitros que conocerán del conflicto.

Cuando la Junta Arbitral de Consumo ante la que deba sustanciarse el arbitraje especializado no tenga una lista de árbitros especializados acreditados ante ella, recabará dicha lista de la Junta Arbitral de Consumo del superior ámbito territorial que disponga de ella, al objeto de designar entre los árbitros especializados acreditados incluidos en esta lista a aquéllos que deban conocer el conflicto.

Arbitraje de consumo colectivo

El arbitraje de consumo colectivo tiene por objeto resolver en un único procedimiento los conflictos que, en base al mismo presupuesto fáctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un número determinado o determinable de éstos.

La Junta Arbitral de Consumo correspondiente para conocer este tipo de procedimientos será la competente en todo el ámbito territorial en el que estén domiciliados los consumidores y usuarios, cuyos legítimos derechos e intereses económicos hayan podido verse afectados por el hecho.

Las actuaciones se iniciarán por acuerdo del presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente, de oficio o a instancia de las asociaciones de consumidores representativas en el ámbito territorial en el que se haya producido la afectación a los intereses colectivos de los consumidores o de las Juntas Arbitrales de inferior ámbito territorial.

Adoptado el acuerdo de iniciación de actuaciones, la Junta Arbitral de Consumo requerirá a las empresas o profesionales responsables de los hechos susceptibles de lesionar los derechos e intereses colectivos de los consumidores para que manifestara, en el plazo de quince días desde la notificación, si aceptan someter al Sistema Arbitral de Consumo la resolución en un único procedimiento de los conflictos con los consumidores y usuarios motivados por tales hechos y, en su caso, procederán a proponer un acuerdo conciliatorio que satisfaga total o parcialmente los derechos de los potenciales consumidores o usuarios afectados.

Si las empresas o profesionales no aceptan la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo en este único procedimiento arbitral, se procederá al archivo de las actuaciones sin más trámite, dando traslado a todas las Juntas Arbitrales de Consumo y, en su caso, a quien instó la iniciación del procedimiento.

Aceptada la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo ésta se notificará a las Juntas Arbitrales de Consumo, procediéndose al llamamiento de los consumidores afectados para que en el plazo de dos meses hagan valer sus legítimos derechos e intereses individuales en este procedimiento arbitral mediante la publicación de un anuncio al efecto en el diario Oficial que corresponda al ámbito territorial del conflicto.

La Audiencia

Una vez que las partes han presentado sus alegaciones por escrito, y en caso de que no haya habido acuerdo entre las mismas, se les cita a comparecer en una fecha y una hora concreta a la denominada Audiencia, al que no será preciso asistir con abogado ni procurador. Antes de comenzar el acto propiamente dicho, el presidente se presentará al Colegio Arbitral y puede instar a las partes a una conciliación. En caso de no existir avenencia se continuará con el proceso. Las partes serán citadas a las audiencias con suficiente antelación y con advertencia expresa de que pueden acudir acompañadas por todas las pruebas documentales, periciales y testificales que consideren oportunas para que el Colegio Arbitral funde su decisión y de las que se dará traslado a la otra parte para que tenga la oportunidad de valorarlas. 

La audiencia a las partes también podrá ser escrita, utilizando la firma convencional o electrónica, o a través de videoconferencias u otros medios técnicos que permitan la identificación y comunicación directa de los comparecientes.

Con carácter general, la no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el órgano arbitral pueda decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y contestación, si ésta se ha producido.

El laudo arbitral

Las actuaciones terminan con la emisión de la decisión del Colegio Arbitral, que recibe el nombre de laudo y cuya fuerza de obligar es igual a la de una sentencia.

El laudo será estimatorio si admite todas las pretensiones del reclamante, estimatorio parcial si sólo admite algunas de ellas y desestimatorio si finalmente no se admite ninguna de sus pretensiones.

También puede emitirse laudo por acuerdo de las partes. Estaríamos así ante un laudo conciliatorio. Éste tendrá lugar cuando las partes lleguen a un acuerdo que ponga, fin total o parcialmente, a la controversia. Los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados.

Los laudos deberán constar por escrito y ser firmados por los árbitros, tras lo cual se le da notificación a las partes. Cuando haya más de un árbitro, la decisión se tomará por mayoría y en caso de discrepancia decidirá el presidente. Si todo el Colegio está de acuerdo en la decisión, el laudo se emitirá por unanimidad de sus miembros.

El laudo, debidamente formalizado y firmado por el Colegio Arbitral, será notificado a las partes terminando las actuaciones. 

Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación. Salvo acuerdo en contrario de las mismas partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada.

Ejecución judicial del Laudo

Normalmente y debido al carácter vinculante y ejecutivo de los laudos, los mismos suelen ser cumplidos por las partes. 

Sin embargo, en el caso de que una de las partes no cumpla el laudo dictado, la otra parte puede instar al cumplimiento forzoso, al igual que ocurre en el procedimiento ante Tribunales. En este supuesto, se puede proceder a una denominada ejecución judicial del laudo ante los Tribunales de Justicia. En este caso, las correspondientes Juntas Arbitrales deberán facilitar al interesado toda la documentación necesaria a fin de que pueda solicitar dicha ejecución ante los juzgados de primera instancia del lugar donde se haya emitido el laudo. El plazo para solicitar la ejecución judicial del laudo es de 5 años.

otros medios técnicos que permitan la identificación y comunicación directa de los comparecientes.

 

Con carácter general, la no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el órgano arbitral pueda decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y contestación, si ésta se ha producido.

 

El laudo arbitral

 

Las actuaciones terminan con la emisión de la decisión del Colegio Arbitral, que recibe el nombre de laudo y cuya fuerza de obligar es igual a la de una sentencia.

 

El laudo será estimatorio si admite todas las pretensiones del reclamante, estimatorio parcial si sólo admite algunas de ellas y desestimatorio si finalmente no se admite ninguna de sus pretensiones.

 

También puede emitirse laudo por acuerdo de las partes. Estaríamos así ante un laudo conciliatorio. Éste tendrá lugar cuando las partes lleguen a un acuerdo que ponga, fin total o parcialmente, a la controversia. Los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados.

 

Los laudos deberán constar por escrito y ser firmados por los árbitros, tras lo cual se le da notificación a las partes. Cuando haya más de un árbitro, la decisión se tomará por mayoría y en caso de discrepancia decidirá el presidente. Si todo el Colegio está de acuerdo en la decisión, el laudo se emitirá por unanimidad de sus miembros.

 

El laudo, debidamente formalizado y firmado por el Colegio Arbitral, será notificado a las partes terminando las actuaciones.

 

Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación. Salvo acuerdo en contrario de las mismas partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada.

 

Ejecución judicial del Laudo

 

Normalmente y debido al carácter vinculante y ejecutivo de los laudos, los mismos suelen ser cumplidos por las partes.

 

Sin embargo, en el caso de que una de las partes no cumpla el laudo dictado, la otra parte puede instar al cumplimiento forzoso, al igual que ocurre en el procedimiento ante Tribunales. En este supuesto, se puede proceder a una denominada ejecución judicial del laudo ante los Tribunales de Justicia. En este caso, las correspondientes Juntas Arbitrales deberán facilitar al interesado toda la documentación necesaria a fin de que pueda solicitar dicha ejecución ante los juzgados de primera instancia del lugar donde se haya emitido el laudo. El plazo para solicitar la ejecución judicial del laudo es de 5 años.

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