El Ministerio de Industria sigue sin tomar medidas

FACUA logra que Andalucía abra expediente sancionador a Endesa por fraude en el alquiler de contadores

Las eléctricas aplican ilegalmente una tarifa un 50% más cara en contadores que no tienen habilitada la telegestión. La asociación también ha llevado el caso a los tribunales.

FACUA logra que Andalucía abra expediente sancionador a Endesa por fraude en el alquiler de contadores

La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a Endesa Distribución como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA por la aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz. Las eléctricas aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados.

Andalucía es la primera comunidad que inicia actuaciones sancionadoras tras las denuncias interpuestas por FACUA en noviembre de 2014 ante las diecisiete agencias, institutos y direcciones generales de consumo autonómicas. La organización reclama sanciones contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España: Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución.

El caso fue inicialmente archivado por el Servicio de Consumo de Jaén (que en esta legislatura depende de Salud), sobre el que recayó el expediente (en Andalucía las denuncias por fraudes masivos tienen un sistema de reparto entre sus ocho servicios provinciales de protección al consumidor). FACUA presentó un recurso, al que el organismo ha contestado ahora anunciado la "apertura de expediente sancionador por infracciones a la normativa de protección y defensa del consumidor".

FACUA también ha llevado el caso a los tribunales. La primera demanda fue interpuesta el pasado julio contra Endesa Distribución y la asociación ha habilitado una web, FACUA.org/contadores, en la que pone a disposición de los usuarios afectados un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita, ya que este tipo de procedimientos no requiere de abogado ni procurador.

Por su parte, el Ministerio de Industria no ha tomado medidas contra las eléctricas, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha instado a hacerlo. Tampoco han actuado aún las autoridades de protección al consumidor del resto de omunidades autónomas ni la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, a la que FACUA también se dirigió el año pasado.

Decenas de millones cada año

El fraude representa en torno a 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal. Se trata de 33 céntimos mensuales (27 más IVA) por cliente, pero dado el volumen de afectados el montante total supone decenas de millones de euros cada año.

El sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen las prestaciones propias de la telegestión. La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA). Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto.

Millones de familias llevan años pagando una tarifa indebida por el alquiler de contadores que no cumplen los requisitos obligatorios de integración en el sistema que deben permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Datos que les facilitarían adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una reducción de sus facturas.

FACUA reclama que se imponga a las compañías la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión y telemedida.

Industria desoye a la CNMC

La CNMC advirtió a Industria de las irregularidades por primera vez el pasado noviembre. Lo hizo en un informe, solicitado por la Secretaría de Estado de Energía, sobre la propuesta de procedimientos para la comprobación, validación, cierre y puesta a disposición de los datos procedentes de los equipos de medida conectados al sistema de telegestión. Competencia señaló que se venía aplicando una tarifa indebida a usuarios que "no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida".

El informe señala en su página 31 que "para aquellos consumidores que dispongan de contadores con capacidad de telemedida y telegestión para los que la empresa distribuidora no ponga a disposición de las empresas comercializadoras informacion horaria real (no perfilada) de los consumos de energía eléctrica, debería cobrárseles el precio alquiler del equipo de medida correspondiente a los antiguos contadores monofásicos (0,54 €/mes, de acuerdo a lo establecido en la Orden ITC/3860/2007), puesto que tales consumidores no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida)".

El pasado mes de junio, en su Informe sobre el cumplimiento del primer hito del plan de sustitución de contadores, la CNMC ha insistido a Industria de forma aún más explícita: "para aquellos consumidores que dispongan de contadores monofásicos con capacidad de telemedida y telegestión que no se encuentren efectivamente integrados en los correspondientes sistemas de telegestión, se considera que debería cobrárseles el precio del alquiler del equipo de medida correspondiente a los antiguos contadores monofásicos (0,54 €/mes, de acuerdo a lo establecido en la Orden ITC/3860/2007), puesto que tales consumidores no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida".

La legislación del sector eléctrico obliga al sector a sustituir todos los contadores con potencia contratada de hasta 15 kW por equipos que "deberán estar integrados en un sistema de telegestión y telemedida implantado por el encargado de la lectura correspondiente" (artículo 9.8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto).

Trato discriminatorio y cláusula abusiva

FACUA advierte de que en los hogares donde se han instalado los nuevos equipos de medida, los usuarios están sufriendo un trato discriminatorio con respecto a los que siguen contando con los antiguos, al pagar una tarifa muy superior sin que ello implique el acceso a servicios adicionales.

La asociación argumenta que estas prácticas rompen el principio de no discriminación establecido en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La normativa comunitaria ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, cuyo artículo 44.i impone el derecho de los usuarios a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

Al cobrar un alquiler más caro por los nuevos equipos instalados pese a no estar integrados en el sistema por parte de las distribuidoras, FACUA considera que las eléctricas incurren en una cláusula abusiva. La asociación apela al artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusiva cualquier estipulación "que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos".

Ya somos 188.907