La protección de los consumidores en Andalucía y el día de la marmota

Las políticas de protección de los consumidores en Andalucía se encuentran "atrapadas en el tiempo". En un tiempo gris, invernal y estéril que nunca parece acabar y que legislatura tras legislatura se repite. Llevamos muchos años ya sin que para los responsables políticos de nuestra comunidad sea una prioridad la lucha contra el fraude y los abusos a los consumidores. Es más, yo diría que ni tan siquiera la sitúan en segunda línea de la actividad pública y más allá de cambiar la competencia de una Consejería a otra, han sido escasas, por no decir nulas, las iniciativas puestas en marcha para mejorar la protección de los usuarios.

En esta nueva legislatura, Susana Díaz ha decidido que la protección de los consumidores en Andalucía debía regresar a la Consejería de Salud, donde ya estuvo en el periodo anterior a mayo de 2012, y que se caracterizó, es preciso recordárselo, por ser infructuoso y por el abandono de la responsabilidad pública de poner freno a los abusos y fraudes, a la desigualdad creciente y la exclusión y a la desprotección que sufrimos los consumidores.

Se inicia una nueva legislatura, y lo hace nuevamente con la urgente necesidad de dar un salto en las políticas de protección de los consumidores para que sean realmente asumidas como políticas sociales, de ciudadanía, de carácter transversal y con capacidad de provocar un cambio en el modo de entender el actual modelo económico. Un modelo depredador de derechos y garantías para la ciudadanía.

Vivimos momentos difíciles para la protección del consumidor; en los que se están produciendo retrocesos importantes en derechos y garantías reconocidas; y son difíciles no sólo por los abusos y fraudes que las empresas cometen, sino también porque lo hacen ante la pasividad de los gobiernos, el descontrol de los fraudes, la renuncia a regular y supervisar realmente los mercados y la dejación de las responsabilidades que competen a los poderes públicos en la defensa y protección del consumidor.

Los déficits existentes en las políticas públicas de protección de los consumidores redundan negativamente en los consumidores, generando mayor situación de desprotección ante los abusos y la impunidad del infractor y el defraudador. Los gobiernos tocan a retirada y los ciudadanos debemos exigir que cumplan sus cometidos.

En Andalucía sólo podremos salir de este eterno día de la marmota si el Gobierno apuesta de verdad por construir políticas públicas de protección de los consumidores transversales, participadas por la ciudadanía y con dotación de recursos suficientes. El Gobierno andaluz debe apoyar al movimiento consumerista como instrumento para dar más poder a los consumidores frente a los todopoderosos mercados y que podamos actuar como contrapoder real. Debe reforzar el control del mercado y la inspección y debe ser contundente y serio con los abusos e infracciones que se cometen por las empresas, imponiendo sanciones disuasorias. Por delante tiene una nueva oportunidad de cambio.