En defensa de los consumidores

FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo

La asociación espera que esta postura sea ahora refrendada por el TJUE, que dirime sobre esta cuestión en un asunto prejudicial presentado por el juzgado de lo mercantil número 1 de Granada.

FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirime ahora sobre si los bancos españoles están obligados o no a devolver a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por la cláusula suelo. | Imagen: flickr.com/puisney (CC BY 2.0)

FACUA-Consumidores en Acción celebra que la Comisión Europea (CE) defienda los intereses de los consumidores españoles en unas alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo.

En su escrito, la CE se muestra contraria a la única sentencia del Tribunal Supremo español que considera nulas las cláusulas suelo pero no permite la retroactividad, esto es, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva. Esta sentencia fue calificada por FACUA como "aberrante", por perdonar a los bancos el dinero que se han embolsado irregularmente durante años en un alto porcentaje de los préstamos hipotecarios suscritos en España.

La sentencia del Supremo sólo permite la devolución de los importes cobrados bajo este concepto irregularmente hasta la fecha de publicación de la misma, esto es, el 9 de mayo de 2013. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión, dado que contraviene la Directiva 93/13/CEE  del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La asociación espera que el TJUE refrende la postura de la CE en el marco del Asunto prejudicial 145/15, presentado por el juzgado de lo mercantil número 1 de Granada.

FACUA valora positivamente las alegaciones de la CE, que recogen que "no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor –y a la que está obligado el profesional- en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia".

El Gobierno de España, en defensa de los bancos

La asociación considera aberrante que, en las alegaciones presentadas por el mismo asunto prejudicial, el Gobierno español defienda los intereses de la banca frente a los derechos de los consumidores. El Ejecutivo defiende, de hecho, que es necesario limitar los efectos económicos de la nulidad por una cuestión de seguridad jurídica para las empresas.

FACUA reclama al Gobierno que deje de proteger los intereses de un sector, el bancario, que basa gran parte de sus beneficios en los abusos que cometen sobre los usuarios, como es el caso de las cláusulas suelo, que les reporta miles de millones cada año.

La asociación lamenta la falta de acción por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas contra estas prácticas abusivas para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución, una vez que el Supremo las ha declarado nulas.

Para FACUA, la protección del consumidor no puede ni debe descansar exclusivamente en la vía judicial, más costosa, lenta y farragosa para los usuarios que para el poder económico.

Desde la publicación de la sentencia del Supremo, FACUA ha venido desarrollando una campaña contra el fraude de las cláusulas suelo a nivel nacional. Entre las acciones llevadas a cabo se incluye la presentación de denuncias ante las autoridades de Consumo de diferentes comunidades autónomas para instarlas a que sancionen a los bancos y la interposición de demandas judiciales para reclamar la paralización de la cláusula y la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente.

Sin embargo, la asociación lamenta la pasividad de las autoridades competentes en la materia, que no han castigado una actividad considerada abusiva, y por lo tanto, contrataría a la ley, por parte de la justicia y permiten que los tribunales se vean colapsados por las denuncias de particulares contra los bancos que las han aplicado.

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