FACUA lleva a los tribunales a Iberia, Spanair y Air Europa por incrementar los precios de sus billetes con cargos por emisión ilegales

La demanda ha sido interpuesta como consecuencia de la pasividad del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, que todavía no ha dado respuesta a las denuncias presentadas por FACUA en mayo de 2004.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una demanda judicial en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid contra las tres principales compañías aéreas que operan en España, Iberia, Spanair y Air Europa, por incrementar los precios de sus billetes con cargos adicionales por su emisión contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y navegación aérea.

La demanda ha sido interpuesta como consecuencia de la pasividad del Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo, que todavía no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias presentadas por FACUA desde mayo de 2004. El pasado enero, la Federación presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de diligencia y atención del INC.

La Federación pide a los tribunales una acción de cesación para que "se repute nula, por abusiva la cláusula general que establece el cargo adicional por emisión de billetes" y "que dicha cláusula la eliminen las demandadas de sus condiciones generales".

Las compañías demandadas ingresan cientos de millones de euros cada año con estos cargos por la emisión de los billetes que oscilan entre 12 y 96 euros, según el destino del vuelo, la clase elegida, el tipo de billete (papel o electrónico) y la forma de compra (telefónica, en oficinas o por Internet). Iberia e Spanair llegan a aplicar un segundo recargo, de 15 euros, si el usuario solicita un billete en papel en lugar de su versión electrónica.

Hay casos en los que el recargo por emisión llega a superar el precio del billete ofertado en publicidad.

Teniendo en cuenta que en 2005 Iberia transportó 27,7 millones de pasajeros (32,4 millones junto a Iberia Regional/Air Nostrum), FACUA advierte que los cargos por emisión de billetes durante ese periodo pudieron superar de forma considerable sus beneficios netos, 395,8 millones de euros, y representaron una cifra por encima del 10% de sus ingresos de explotación, que alcanzaron los 4.929,12 millones de euros.

FACUA argumenta en su demanda que la introducción, además del precio por el vuelo, de estos cargos adicionales en las condiciones generales de la contratación de las compañías, suponen una cláusula nula, ya que va contra la ley.

Este recargo es un elemento accesorio de la tarifa aérea, sometido por tanto a la legislación en materia de protección de los consumidores.

El recargo por emisión es un elemento accesorio de la tarifa aérea, sometido a la legislación en materia de protección de los consumidores. En este sentido, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu), establece en su disposición adicional primera que es una cláusula abusiva "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa correspondan al profesional" (apartado V, cláusula 22). En este sentido, tres normativas establecen que la emisión del billete es una obligación inexcusable del transportista: el artículo 92 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea, el artículo 3 del Convenio de Varsovia, de 12 de octubre de 1929, y el artículo 3 del Convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999. Normas a cuyo sometimiento aluden las propias compañías en sus condiciones generales de contratación.

La Lgdcu define como cláusula abusiva "los incrementos de precios por servicios accesorios [...] que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación" (disposición adicional primera, apartado V, cláusula 24).

Pasividad del Gobierno

En mayo de 2004, FACUA denunció ante el INC a Iberia, Spanair, Air Europa por la aplicación de estos recargos. El organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo se limitó a trasladar la denuncia a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, un organismo que carece de competencias en materia de protección de los consumidores. De hecho, en su respuesta indicó que, tras consultar a la Comisión Europea sobre la aplicación de estos recargos, ésta confirmó que "se considera un concepto integrado en el término de tarifa aérea y, como consecuencia, está totalmente liberalizado".

En mayo de 2005, FACUA volvió a dirigirse al INC para reiterarle sus argumentos jurídicos y discernir de la resolución de la Dirección General de Aviación Civil, ya que la existencia de un marco de tarifas liberalizadas no exime a las empresas de respetar la normativa de protección al consumidor.

De hecho, en respuesta a una consulta del grupo parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el Gobierno indicó en febrero de 2006 que la práctica denunciada por FACUA "tiene incidencia en materia de defensa de la competencia y en materia de defensa de los consumidores y usuarios", aunque "actualmente no se dispone de un criterio consensuado de las autoridades competentes en materia de consumo sobre el carácter abusivo de estas prácticas".

El INC contestó en diciembre de 2005 indicando simplemente que "las actuaciones que ha iniciado al respecto este Instituto no se hallan finalizadas".

Tribunal de Defensa de la Competencia

FACUA ya había denunciado a Iberia, Spanair y Air Europa en mayo de 2004 ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), al detectar que estos recargos, además de ser ilegales, eran idénticos, de lo que se deducía la existencia de un pacto contrario a la legislación en materia de competencia. En julio de 2005, el SDC elevó el caso al Tribunal de Defensa de la Competencia tras considerar probada la existencia del pacto.

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