Sin dotación económica será papel mojado

La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles sobre la banca

Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, propone algunas mejoras al articulado en su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico.

La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles sobre la banca
En la imagen, Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía y Jordi Castilla, miembro del equipo jurídico, durante la comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico. | Imagen: parlamentodeandalucia.es

FACUA Andalucía valora positivamente el proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, que se ha elaborado con una alta participación social. La Federación considera que, en cualquier caso, necesita ser reforzada con más controles sobre la banca, que garanticen la protección de los derechos de los consumidores y dotarse de presupuesto.

Así lo ha expuesto hoy Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, en su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico. En su intervención, Ruiz ha pedido mejoras concretas en algunos artículos para reforzar la protección de los consumidores, pero sobre todo que se refuercen los controles sobre la banca y las multas por incumplimientos.

El principal escollo para que esta ley resulte realmente efectiva es la falta de dotación presupuestaria para su puesta en marcha. En su comparecencia, Ruiz ha destacado que "este proyecto de ley, sin recursos económicos, no previstos expresamente en los presupuestos de 2016, y sin voluntad de control y supervisión de las conductas y prácticas bancarias resultará papel mojado".

Para FACUA Andalucía, la falta de medios y de protocolos de control del mercado eficaces para la protección de los usuarios es un asunto pendiente para la Junta de Andalucía, igual que ocurre en el caso de otras administraciones autonómicas, algo que permite a la banca cometer fraudes masivos con total impunidad.

Ruiz ha recordado que el proyecto de ley prevé la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios en el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y creará órganos de mediación sectoriales. Y sin embargo, ninguno de estos nuevos organismos tendrá dotación presupuestaria propia, dado que ni está contemplado en la Ley de Presupuestos para 2016 ni el proyecto de ley se acompaña de una memoria económica. Todo esto, ha dicho la presidenta de FACUA Andalucía, "nos hace dudar que la loable intención de esta norma realmente vaya a cumplirse".

En cuanto al marco sancionador, la federación demanda un aumento sustancial tanto de las cuantías de las multas establecidas en el texto como de las fijadas en la ley andaluza de defensa de los consumidores de 2003, en la que se redujeron las sanciones fijadas en los años 80. También reclama que se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad previsto en la legislación desde hace tres décadas y que nunca se ha aplicado, de manera que el importe de las multas represente varias veces las cantidades defraudadas. Además, FACUA Andalucía rechaza que el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores sea de diez meses, un plazo demasiado breve dadas las condiciones actuales y la falta de recursos. Este plazo tan breve provocará la caducidad de los expedientes, valora la Federación.

La Junta debe garantizar un control eficaz del mercado y la aplicación de multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos, algo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Más información para aumentar las garantías

En su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Salud del Parlamento autonómico, Olga Ruiz ha enumerado una serie de modificaciones puntuales propuestas por FACUA Andalucía para que se introduzcan a través de enmiendas en el texto de la ley y se aporte así un mayor grado de seguridad y protección a los consumidores.

Así, la federación reclama mayor claridad en la publicidad, de tal manera que se ejemplifiquen cuestiones como los servicios asociados al crédito, los intereses que tendrán que pagar, etc. "Consideramos que debe existir un contenido informativo mínimo obligatorio y básico en la publicidad", ha explicado Ruiz, que debe aportar información y al menos "identificar claramente qué se oferta y quién lo hace".

Antes de contratar una hipoteca, el usuario debe recibir explicaciones adecuadas y adaptadas a sus circunstancias. "Le corresponde a la entidad bancaria la acreditación de haber ofrecido la información necesaria para que el cliente sepa lo que está contratando", ha añadido Ruiz.

Además, FACUA Andalucía reclama que se amplíe el plazo de tres días hábiles previsto para que los usuarios puedan examinar el documento contractual o la escritura pública, máxime teniendo en cuenta que en muchos casos necesitan asesoramiento de terceros. “"El consumidor debe disponer de una información precontractual amplia", ha indicado Ruiz, así como "tiempo necesario para comparar ofertas y valorar las consecuencias de su decisión".

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