FACUA denuncia que las tarifas de interconexión de móviles están hasta un 400% por encima de los límites fijados por Bruselas

Considera positiva pero insuficiente la reducción anunciada por la CMT once meses después de la denuncia presentada por FACUA ante la Comisión Europea. Para orientarse a costes, las tarifas del principal operador tendrían que bajar al menos un 80%.

Once meses después de la denuncia presentada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ante la Comisión Europea por las elevadas tarifas de interconexión autorizadas a las operadoras móviles españolas, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha anunciado que en dos años aprobará bajadas de en torno al 50% (47,7% para Movistar, 48,8% para Vodafone y 54,3% para Amena) para propiciar disminuciones en las tarifas que pagan los usuarios finales.

FACUA considera la medida positiva pero claramente insuficiente, ya que para orientarse a costes, como dicta Bruselas (Directiva 97/33/CE y Reglamento de Interconexión español, aprobado por el Real Decreto 1.651/1998, de 24 de julio), las tarifas de interconexión de Movistar (el peaje que pagan las otras compañías cuando se hace una llamada con destino a su red) tendrían que bajar un 80%, las de Vodafone un 71% y las de Amena un 55%.

Estos datos son incluso conservadores, ya que han sido estimados por la Federación sobre la base de las últimas contabilidades de costes de las compañías hechas públicas por la CMT, y éstas corresponden a 2004. Según dichos informes, las tarifas de interconexión de Movistar estuvieron ese año un 396,6% por encima de costes, las de Vodafone un 251,4% y las de Amena un 123,2%.

Y es que hay que tener en cuenta que cada año, el porcentaje de ingresos por encima de costes viene creciendo de forma espectacular debido a dos factores: los costes disminuyen considerablemente (de 2001 a 2004 lo hicieron en un 57,1% en el caso de Movistar y en un 48,2% en el de Vodafone; de Amena no hay datos anteriores a 2004) y la CMT ha impuesto bajadas poco significativas en las tarifas de interconexión.

En septiembre de 2005, FACUA presentó una denuncia ante el Comisariado para la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de la Comisión Europea contra el Estado español, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CMT por no aplicar la directiva comunitaria que regula las tarifas de interconexión de móviles. Y es que gracias al importante desfase permitido por la CMT entre los ingresos y los costes relativos a la interconexión, las tres compañías de móviles ingresan cada año unos 2.500 millones de euros extra (2.498 millones de euros en 2004).

Se trata de unas graves irregularidades que tienen un efecto claro en las tarifas que pagan los usuarios, las cuales podrían costar menos de la mitad si se cumpliese la normativa europea.

Recurso contra las tarifas de interconexión

En noviembre de 2004, FACUA presentó un recurso contra las tarifas de interconexión aprobadas por la CMT a Movistar, Vodafone y Amena, que establecían una bajada muy poco significativa, obviando los elevados márgenes de ingresos por encima de costes de los dos operadores considerados dominantes (se conocen los datos relativos a Movistar y Vodafone, ya que Amena tiene esta consideración desde septiembre de 2003).

La Comisión se negó a admitir a trámite el recurso argumentando que la Federación no es parte interesada. La escandalosa y contradictoria argumentación de la CMT era que las tarifas de interconexión no afectan a los usuarios, aunque en una resolución emitida en abril de 2001 (por la que sancionó a Vodafone por redondear al alza la facturación del primer minuto) reconocía que tienen una "clara repercusión social".

Qué dice la Ley

El Reglamento de Interconexión, aprobado por el Real Decreto 1.651/1998, de 24 de julio, establece en su artículo 6.5 que las tarifas de interconexión de los operadores que tengan la consideración de dominantes deben atenerse "a los principios de transparencia y de orientación a costes". En lo que la CMT define como costes, las compañías pueden incluir incluso un margen de beneficios del 18%, que denomina "tasa anual de retorno sobre activos". Se trata de un precepto planteado por la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 en su artículo 7.2.

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