FACUA Andalucía se opone en el Parlamento a la ley que permite regularizar 25.000 viviendas ilegales

La federación considera que la medida implica una dejadez previa de las instituciones que deberían haber velado por el cumplimiento de la legalidad.

FACUA Andalucía se opone en el Parlamento a la ley que permite regularizar 25.000 viviendas ilegales
Las construcciones ilegales privatizan los beneficios y generan un crecimiento descontrolado de la población en zonas no planificadas, valora FACUA Andalucía. | Imagen: flickr.com/cayetano (CC BY-SA 2.0)

FACUA Andalucía rechaza el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, que permitirá regularizar alrededor de 25.000 viviendas ilegales en la Comunidad Autónoma. Así lo ha manifestado la Federación en sus valoraciones enviadas a la Mesa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz.

La federación considera que la medida refleja una dejadez previa de las instituciones, que no velaron por el cumplimiento de la legalidad en materia de urbanismo y permitieron que las viviendas que ahora se va a regular se levantaran irregularmente. FACUA Andalucía recuerda que, con este tipo de normas, se convierte en general un tipo de decisiones que deberían ser excepcionales, dado que se da validez a una serie de construcciones contrarias a la legislación de urbanismo vigente. De nuevo, queda de manifiesto que la administración pública andaluza no vela por la disciplina urbanística.

Hace apenas dos años se aprobó el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ahora se ampliará este Proyecto de Ley a las viviendas en parcelaciones individuales.

En sus valoraciones a la norma remitidas al Parlamento, FACUA Andalucía indica que "las construcciones ilegales privatizan los beneficios y generan un crecimiento descontrolado de la población en zonas no planificadas" que, además, priman las necesidades particulares a los intereses generales y provocan un grave deterioro en los recursos naturales. La decisión del Gobierno andaluz modifica las normas legales que han sido vulneradas para adaptarlas a los intereses de quienes las han infringido, esto es, garantiza la impunidad para los constructores y los propietarios de las viviendas ilegales, estima la Federación.

El texto normativo propuesto "lleva a la conclusión de que todo puede regularizarse", concluye FACUA Andalucía en sus valoraciones. "Este es el mensaje que la norma traslada a la ciudadanía y a las administraciones que han venido amparando y dando pie a esta situación".

La federación echa en falta, en la Propuesta de Ley, una justificación de su necesidad, con datos que resalten el alcance real de la problemática social que dice que viene a responder. A juicio de FACUA Andalucía, esto "cuestiona el interés social perseguido por la norma".

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