La CNMC multa con 9,3 millones a Dragados y otras seis empresas de construcciones modulares

Los acuerdos anticompetitivos afectan a la licitación de colegios e institutos públicos prefabricados en cinco autonomías.

La CNMC multa con 9,3 millones a Dragados y otras seis empresas de construcciones modulares
Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas. | Imagen: flickr.com/elliotmoore (CC BY-NC-ND 2.0).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

De las siete sanciones impuestas, la más cuantiosa, por valor de 8,56 millones de euros, recae sobre Dragados, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS, indica en una nota el organismo presidido por José María Marín Quemada. Algeco recibe la segunda mayor sanción, por 1,59 millones, que no le será impuesta por acogerse al programa de clemencia.

En concreto, la CNMC considera acreditadas las prácticas anticompetitivas desarrolladas por las siete empresas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados.

Las licitaciones se convocaron en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, que son estructuras prefabricadas que se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios.

Junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, en la actualidad el uso de las construcciones modulares se ha ampliado a otros servicios y sirven de estructuras para colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos.

De hecho, estas soluciones se caracterizan por ofrecer una mayor flexibilidad al usuario, un periodo de instalación inferior y la posibilidad de su reutilización en otros lugares con finalidades distintas de las inicialmente previstas.

Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas, agrupadas en las llamadas zonas Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte.

Colegios en cinco comunidades autónomas

En particular, entre las prácticas investigadas y sancionadas, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, aunque las conductas ilícitas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas.

La CNMC explica en una nota que las conductas vulneradoras de las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos.

El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar una de las empresas participantes en este cártel una solicitud de clemencia, y en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cártel.

Desglose de empresas

Entre las empresas sancionadas figuran ABC Arquitectura Modular, con una multa de 144.241 euros, de la que resulta responsable solidaria su matriz Agro Inmobiliaria, así como Algeco Construcciones Modulares (1,59 millones), de la que resulta responsable solidaria su matriz Algeco Scotsman Holding.

También aparecen, aparte de Gragados, Alquibalat (461.847 euros, que se ven reducidos en un 30% por el programa de clemencia), Alquileres Barceló Sáez (43.487 euros), Arlan (90.475 euros) y Renta de Maquinaria (340.868 euros), de la que resulta responsable solidaria su matriz Calem.

La resolución del regulador archiva las actuaciones seguidas contra Etxekit, su matriz Uriondo Bat, Representaciones Norte, Sistemas Modulares Goikoa y Vallas y Casetas Brun al no considerar acreditada su participación en las conductas investigadas.

Programa de clemencia

La CNMC ha otorgado la exención de la multa impuesta a Algeco y a su matriz por haberse acogido al programa de clemencia, al tiempo que reduce en un 30%, o en 138.554 euros, la sanción a Alquibalat por el mismo motivo.

Algeco fue la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones en relación con este cártel, mientras que Alquibalat, en la solicitud de reducción del importe de la multa presentada tras la inspección realizada en su sede, ha aportado elementos de prueba que justifican la concesión de la reducción de la multa, señala la CNMC.

Mediante el programa de clemencia, la empresa o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC, a cambio de la exención total o una reducción de la multa que le correspondería.

Buzón de denuncia

Asimismo, la CNMC ha habilitado un buzón de colaboración donde cualquier ciudadano o empresa puede facilitar información a la autoridad de competencia sobre este tipo de infracciones muy graves. Las empresas sancionadas pueden recurrir ahora la multa ante la Audiencia Nacional.

Cualquier persona, empresa o entidad que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas descritas en estas resoluciones puede presentar una demanda de daños y perjuicios derivada de las citadas conductas por infracción de la normativa de defensa de la competencia ante los tribunales civiles.

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