FACUA constituye una Plataforma Nacional para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa

La Federación exige al Instituto Nacional del Consumo que aclare qué medidas de inspección se han desarrollado sobre estas empresas en los últimos años y por qué no alertó a los consumidores de sus irregularidades.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha constituido una Plataforma Nacional para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa al objeto de emprender acciones colectivas en defensa de sus derechos, entre las que está analizando tanto los posibles procedimientos judiciales como medidas de presión social.

Así, ha habilitado para ello una página web, FACUA.org/filatelia, como centro de información de los afectados, desde la que éstos pueden unirse a la Plataforma asociándose a FACUA y recibir asesoramiento sobre sus derechos y las actuaciones que la Federación pondrá en marcha para defenderles. Los afectados también pueden contactar con FACUA en el correo-e filatelia@facua.org y el teléfono 902 110 902.

FACUA denuncia que este grave caso es una nueva consecuencia de la inexistencia en España de un auténtico Ministerio de Consumo y un interés real por parte de las comunidades autónomas de desarrollar unas políticas de Consumo con mayúsculas. Políticas que garanticen el desarrollo de normas eficaces acordes a las nuevas realidades del mercado, con dotaciones económicas suficientes para mantener servicios de inspección con más medios técnicos y humanos, que hoy por hoy no responden a las necesidades de los consumidores.

La Federación exige al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo que aclare si en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones inspectoras sobre éstas y otras empresas del sector de las inversiones en bienes tangibles o si por el contrario se ha producido una dejación de funciones por parte de las autoridades de Consumo, al no controlar el mercado ni alertar a los consumidores sobre las irregularidades.

La Federación denuncia también que la precaria regulación del sector de inversiones en bienes tangibles provoca un mayor nivel de desprotección de los consumidores. La disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, que regula estas actividades, ni siquiera recoge la obligación de que las empresas cuenten con fondos propios o avales que aseguren el cumplimiento de los contratos suscritos con sus clientes. Al no tratarse de valores que coticen en mercados regulados, la normativa tampoco prevé que este tipo de inversiones estén bajo el control y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Bancos de España ni la Dirección General de Seguros.

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