Las variaciones alcanzan los 454 euros al año

FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015

La asociación considera injustificada que una misma suministradora cobre importes distintos por calibre de contador de 13 y 15 mm instalados en la vivienda cuando no existan diferencias.

FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2015 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla), donde ha constatado diferencias entre ciudades de hasta el 349,4%. Las variaciones alcanzan los 453,60 euros al año para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de FACUA toma como referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro han experimentado una subida media del 0,4%, mientras que las tarifas para los contadores de 15 milímetros han sufrido un aumento del 0,5%.

La asociación exige que se apliquen tarifas progresivas facturadas en función del número de habitantes del inmueble y que se penalicen los consumos excesivos. 

FACUA considera necesario que se tenga en consideración el carácter de derecho humano del agua y que se regule para que no se produzcan cortes de suministro a familias vulnerables así como que se establezcan mínimos vitales.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados han sido los de Murcia, con un importe de 29,35 euros, Barcelona, en ambos casos gestionadas por una empresa mixta, 23,49 euros y Cádiz, gestionada por una empresa pública, 22,98. En el otro extremo se encuentra Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, su coste es de 10,82 euros.

Para un consumo de 10 mcon un contador de 15 mm, los precios más caros mensuales son los que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde menos del 1% de la población tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,35 euros y Huelva (24,24 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.

Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

En diez de las ciudades analizadas no se han producido cambios en las tarifas del suministro domiciliario de agua con respecto a 2014 y son: A Coruña, Bilbao, Cuenca, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.

Las mayores subidas Alicante, Barcelona y Jaén

La mayor subida del precio del agua detectada por FACUA se ha producido en Alicante, empresa mixta, con un incremento del 2,4% para un consumo mensual de 10 m3 con un calibre de contador de 13 mm.

Le sigue Barcelona, también gestionada por una empresa mixta, con un aumento del 2,1% y Jaén (1,9%), en manos de empresa privada, con un incremento en los cánones.

FACUA recuerda que estas subidas de tarifas pueden obedecer no sólo a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, sino también a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos de municipios, provincias o comunidades autónomas.

Número de residentes de la vivienda

FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

En la actualidad, sólo dos de las ciudades analizadas –Málaga y Sevilla- dispone de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.

Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como A Coruña y Barcelona.

En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos.

FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos. La asociación reclama que se articulen medidas para evitar la privación de un suministro esencial y básico a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente a su pago y recuerda que el agua ha sido declarado derecho humano por la ONU.

Cánones

Los cánones pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

En ocho ciudades, los usuarios pagan en 2015 más que en 2014 por el incremento de los importes de los cánones que aplican, en algunos casos autonómicos y en otros locales, pese a que las tarifas del resto de importes no se han modificado.

En Badajoz, gestionada por una empresa privada, la bajada del canon de saneamiento de la junta de Extremadura reduce a los consumidores el precio que pagan por el suministro domiciliario de agua.

Diferencia en las tarifas de los calibres de contador injustificadas

De las veintiocho ciudades analizadas, siete de ellas cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Ante esta cuestión, y en base a dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, a documentos técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y a especificaciones técnicas de los propios fabricantes de contadores, FACUA se cuestiona si existe alguna razón que justifique la diferenciación de precios entre un calibre de 13mm y uno de 15mm.

En la resolución de industria se señala que no existen razones que justifiquen la diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

En un documento técnico elaborado por el operador del Canal de Isabel II se señala que “En la práctica, desde un punto de vista constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión”. Continúa señalando que “A veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes tipos”

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas, señala FACUA.

En algunos casos existen cánones o recargos locales, provinciales y/o autonómicos que repercuten en los consumidores con carácter finalista, habitualmente con el objetivo de sufragar infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o depuración.

FACUA ve necesario que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas.

FACUA continúa demandando una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

La asociación es conscientes de que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). Una regulación que garantice lo principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidos en un marco legal las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarificase el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible, reclama FACUA.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía...

De los datos obtenidos FACUA ha comparado en la nota los referidos a un consumo de 10m3, dentro de la media para el perfil de una vivienda con tres habitantes.

De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.

Como cuotas fijas o de servicio FACUA considera aquéllas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

Tampoco se ha reflejado la existencia o no de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados. De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios, de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

Tampoco se han reflejado en el estudio otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

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