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FACUA.org - América - 2 de junio de 2017

Corrupción y desigualdad en América Latina

Cuando es sistémica, no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone al servicio de los intereses de unos cuantos.

Escribo este artículo motivado por la grave crisis institucional que atraviesa Brasil y cuyo origen más inmediato es una grabación secreta que reveló que el presidente Michel Temer podría haber cometido el delito de obstrucción a la justicia, al dar luz verde a la entrega de sobornos por 150 millones de dólares para comprar el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La grabación se produce en el marco de una conversación privada con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, la mayor empresa del mundo en el comercio de carne.

De acuerdo a declaraciones de uno de sus directivos, Ricardo Saud, esta multinacional financió las campañas de 1.829 candidatos de 28 partidos políticos en Brasil mediante millonarios sobornos que alcanzaron la cifra de 184 millones de dólares. Según esto, estamos ante una situación que no parece tener límite ni fondo, y que se suma a otros escándalos de corrupción en este país, como el caso Petrobras y la investigación Lava Jato, que involucran a grandes empresarios, funcionarios de gobierno y políticos de diversos partidos políticos de Brasil. Estos casos involucran desvíos de dinero por, al menos, 2.400 millones de euros.

Si bien ha sido la situación en Brasil la que me impulsó a escribir estas reflexiones, lo cierto es que en los últimos años venimos siendo testigos en América Latina de grandes escándalos de corrupción que afectan a un buen número de los países de la región. Quienes trabajamos en la defensa de los derechos de los consumidores por lo general reflexionamos y escribimos acerca de asuntos que están dentro de la agenda más inmediata de nuestro quehacer y en menor medida lo hacemos sobre temas que en primera instancia parecen ser responsabilidad de otros especialistas o instituciones.

En esta oportunidad me parece necesario estimular la reflexión sobre el tema de la corrupción sistémica, que no solo está incidiendo en la calidad de vida de los consumidores, sino que también está deteriorando las relaciones de convivencia y las bases de nuestro sistema democrático, que aún con todas sus imperfecciones, es el sistema desde el cual mejor podemos asumir la promoción y la defensa de los derechos ciudadanos en el mercado de bienes y servicios.

La corrupción, con su capacidad corrosiva y desestabilizadora implica, por supuesto, una amenaza distinta y más sutil que un golpe de estado. No suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone ya no al servicio del bien común, sino de corruptores y corrompidos. Por ello tenemos que tener una mirada que abarque estos aspectos y la capacidad de analizarlos en su interrelación con todos aquellos asuntos que nos afectan cotidianamente en nuestro rol de consumidores ciudadanos.

La corrupción refuerza la desigualdad y viceversa

En un artículo anterior señalamos que uno de los problemas estructurales que nos afectan como consumidores en América Latina es el de la desigualdad social. Y en estos últimos años hemos podido constatar que, tanto en nuestra región como en otras partes del mundo, la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente. Se genera una retroalimentación entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Hasta principios de los años 90, la corrupción rara vez se mencionaba en los círculos oficiales, aunque todos conocían su existencia. Fueron necesarios los esfuerzos y perseverancia de muchas personas para generar un mayor grado de conciencia acerca de sus efectos corrosivos sobre la sociedad, e incorporar la lucha contra este flagelo en los programas regionales y mundiales.

Ningún país, más allá de su nivel de desarrollo, está libre de la corrupción. Pero son, sin duda, los países con un menor grado de desarrollo los más afectados. Al desviarse los recursos destinados al desarrollo, la corrupción limita la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación, la salud y la educación. Asimismo, genera discriminación entre diferentes grupos de la sociedad, potencia la desigualdad y obstaculiza el crecimiento. Estamos por lo tanto ante un obstáculo importante a la estabilidad política y al desarrollo social y económico.

En América Latina, la investigación periodística presentada en abril del 2016 acerca de los llamados Papeles de Panamá, esa enorme filtración de documentos confidenciales que reveló cómo personas poderosas usaban los paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos, nos evidenció que para un sector social minoritario sigue siendo demasiado sencillo aprovechar la opacidad del sistema institucional y financiero para enriquecerse, en desmedro del bien común.

Al asumir el cargo de presidente de Transparencia Internacional, el abogado peruano José Ugaz subrayó que “la corrupción está demasiado extendida, debemos examinar el modo en que los corruptos logran actuar impunemente, desenmascarar sus maniobras, atraer la atención hacia estrategias corruptas como el uso abusivo de sociedades en paraísos fiscales, e impedir que gocen de riquezas obtenidas irregularmente viajando sin restricciones y llevando una vida de lujos mientras los sectores pobres solventan sus gastos. En demasiados países, las personas se ven privadas de sus necesidades más básicas y se acuestan con hambre cada noche debido a la corrupción, mientras los poderosos y corruptos gozan de una vida de lujos. No hay tiempo que perder. Es necesario combatir la corrupción con urgencia para que mejore la vida de las personas en todo el mundo”.

Cuando en investigaciones y documentos se aborda este tema, por lo general se hace una distinción entre los llamados actos de corrupción, dentro de los cuales podemos distinguir, por ejemplo, los conflictos de interés y el tráfico de influencias, y los denominados sistemas de corrupción complejos, en los que las instituciones tienen mecanismos paralelos de funcionamiento que actúan al margen de la legalidad.

En los casos donde operan sistemas de corrupción complejos, la confabulación entre grandes empresas y autoridades políticas arrebatan a las economías nacionales miles de millones de dólares que se desvían en beneficio de unas pocas personas. Este tipo de corrupción a gran escala y sistémica atenta contra los derechos ciudadanos, entre ellos los derechos de los consumidores, limita las perspectivas de un desarrollo sostenible y potencia la exclusión social.

Desde esta perspectiva, la corrupción es, por definición, socialmente regresiva. Y lo es porque quienes tienen más poder en la sociedad, ya sea político o económico, lo usan ilícitamente para acrecentarlo a expensas del deterioro del bien común. Se distraen recursos públicos y se pervierten decisiones de políticas públicas que deberían orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Al afectar la capacidad y los recursos del Estado para hacer frente a compromisos sociales se incrementa el escepticismo de los ciudadanos en relación a la política y los asuntos públicos, se deteriora la confianza en las instituciones y con ello se erosiona todo el sistema político democrático.

Consecuencias prácticas de la corrupción

En un ámbito más cotidiano, los consumidores hemos comprobado en los últimos años cómo se practican actos de corrupción que se materializan en colusiones que parecen ser una práctica extendida en el mundo empresarial regional y mundial. Vulnerando la libre competencia y violentando nuestros derechos, hemos visto incrementar artificialmente los precios de los medicamentos, alimentos, transporte, pañales, papel higiénico, entre otros. Y esto es lo que conocemos, porque sin duda estas prácticas persisten en diferentes rubros y países pero permanecen ocultas por lo complejo que resulta sacar a la luz los casos de colusión, y también por la falta de mecanismos adecuados y voluntad política para hacerlo.

Dicho esto, me parece necesario señalar que sería injusto y riesgoso deducir que el poder político es un agente inexorable de la corrupción y que todos los empresarios fomentan prácticas corruptas. También, y a pesar que el panorama general tiende al desaliento, en nuestro continente tenemos la posibilidad de avanzar por caminos que pongan límites al flagelo de la corrupción. Actualmente, en varios países de la región confluyen procesos de investigación criminal, judicialización de casos y redes de corrupción, reformas institucionales y normativas, y también movilizaciones de la sociedad civil.

La ciudadanía ve en la corrupción uno de los problemas más importantes y prioritarios que es necesario enfrentar. Lo percibe en su vida cotidiana que en varios ámbitos aparece violentada por este problema. En estos tiempos la movilización ciudadana en la región asume diversas formas que van desde acciones de incidencia y campañas implementadas por organizaciones de la sociedad civil que se especializan en asuntos de corrupción y transparencia, hasta movilizaciones masivas de ciudadanos convocadas por organizaciones sociales. Los consumidores y sus organizaciones se suman a ellas, especialmente para rechazar, exigir sanciones a los responsables y compensaciones justas a los afectados por los numerosos y variados casos de colusión.

Pero no hay que bajar la guardia. La corrupción no es una bacteria que ataque con preferencia a personas de una determinada afinidad política, ni tampoco la reacción ante ella debe estar condicionada por determinados intereses partidarios e ideológicos. Los consumidores organizados, manteniendo siempre altos estándares de probidad, tenemos que exigir de las autoridades mayor consecuencia y rigor en el enfrentamiento con la corrupción, políticas que tengan una mirada de largo plazo ajenas al filtro de la conveniencia política y coyuntural, poniendo siempre el énfasis en la transparencia y el control social. Necesitamos con urgencia poner en marcha reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza, que den poder a los ciudadanos para poner freno a la impunidad y exigir que los responsables sean sancionados.

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Juan Trímboli es consultor y director de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.

*La foto del encabezamiento es de flickr.com/fotosagenciabrasil (CC BY 2.0).