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FACUA.org - España - 23 de agosto de 2017

Transparencia, información y protección de los consumidores

La oscuridad no sólo impera en los mercados, también en quienes deben controlarlos y regularlos y esa falta de transparencia de los gobiernos es un síntoma más de un sistema democrático debilitado.

La crisis ético-política que estamos viviendo, el malestar de la ciudadanía con sus instituciones y gobernantes, los numerosos casos de corrupción, unos evidentes y enjuiciados y otros solapados bajo oscuros procedimientos administrativos, la pervivencia de numerosas administraciones opacas a la ciudadanía, gobernantes alejados de la realidad social con una falta absoluta de empatía frente a las necesidades y demandas de sus representados son, entre otros, algunos factores que deberían impulsar y promover una reflexión seria y profunda sobre la transparencia, la información, la participación social y el control ciudadano de lo público. Cuatro elementos clave del concepto buen gobierno.

El debate mediático sobre todo ello existe pero no deja de ser superficial y no deja tan siquiera rescoldos: se enciende y quema cada día. Necesitamos un abordaje serio y riguroso, en el que participe el conjunto de la sociedad y que contribuya a cambiar el statu quo imperante. Mientras, por muchas leyes nacionales y autonómicas sobre transparencia que se hayan aprobado en estos años, España seguirá siendo un país en la oscuridad, un país de normas y propósitos que no se cumplen.

Tenemos administraciones y gobiernos bunquerizados que se han venido dotando de escudos burocráticos que actúan como auténticas defensas frente a la ciudadanía y que niegan su derecho a la información, al mismo tiempo que lanzan eslóganes de transparencia y buena gobernanza.

Transparencia implica una gestión pública abierta, al servicio de la ciudadanía y el interés general. El uso de procedimientos claros, en los que cada decisión está motivada y debidamente documentada, permitiendo a los administrados interesados el acceso al mismo. Transparencia implica garantizar la participación ciudadana en los procesos de decisión, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes y programas e implica rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos y los resultados de la gestión.

La transparencia debe ser entendida como un medio, como un instrumento al servicio de gobiernos abiertos y democráticos y el derecho de acceso a la información ha de constituirse hoy como un derecho ligado no sólo a los principios de información, libre comunicación, transparencia y participación sino también como un mecanismo democrático de control y de garantía para la ciudadanía.

Que la transparencia y el buen gobierno no sean como la responsabilidad social de las corporaciones, más un recurso formal que opera como estrategia de marketing que una realidad constatada, es tarea aún pendiente.

Y si es esto es así en las distintas esferas de relación de las administraciones con la ciudadanía, el ámbito de la protección de los consumidores no escapa a la oscuridad de una gestión pública que debería garantizar el derecho a la información, el acceso a datos e información relevante para las relaciones de consumo, siendo un claro ejemplo de la opacidad en la que se mueve el poder político, mimetizado en muchos casos con el poder económico o en connivencia con el mismo.

La gestión por el gobierno en estos años de algunos de los macrofraudes que han sufrido los consumidores lo pone de relieve. Uno de ellos, el llamado #dieselgate o el fraude de los motores diésel cometido por Volkswagen, confirma la escandalosa opacidad de un Ministerio de Industria que ha rechazado toda comunicación e interlocución con FACUA y se ha posicionado claramente al lado de los intereses empresariales, y un Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (competente en materia de protección de los consumidores) ausente.

Administraciones y sector empresarial forman parte de las redes de alertas (seguridad de productos, alertas alimentarias…), los consumidores están excluidos del sistema y sólo tienen asignados un papel pasivo, como receptores de una información parcial y sesgada. La actividad de control e inspección de los mercados por parte de autoridades y reguladores, su planificación y ejecución, los resultados, la apertura y tramitación de expedientes sancionadores a empresas, las sanciones impuestas y las cobradas, están de forma casi generalizada al margen del conocimiento público. Las autoridades y organismos reguladores niegan el acceso a los procedimientos de control y sanción a las organizaciones de consumidores como partes interesadas y gradúan arbitrariamente el contenido y el alcance de la información que facilitan a la ciudadanía. "No generar alarma social", lo llaman: parecer que algo hacen en pro de los consumidores y no perjudicar a un sector empresarial irresponsable.

La normativa vigente en materia de protección de los consumidores, tanto a nivel nacional como en las Comunidades Autónomas, y los diferentes textos que han venido a regular el marco general de protección, reconocen como derechos básicos los de información, formación y educación de los consumidores y usuarios así como el de participación. Así mismo mandatan a los poderes públicos para que aseguren y garanticen que estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y para el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición.

Hasta ahora, el acceso a la información y la transparencia de la actuación de las autoridades de protección de los consumidores y reguladores, nacionales y europeos, se gestiona no como un derecho de la ciudadanía sino como una prerrogativa que éstos administran y dosifican según sean los intereses en juego, que en contadísimas ocasiones serán los de los consumidores.

Nulo control, pésima información y opacidad en la gestión pública de la protección de los consumidores en España. La oscuridad no sólo impera en los mercados, también en quienes deben controlarlos y regularlos y esa falta de transparencia de los gobiernos, unido a la impunidad con la que numerosas empresas cometen abusos, es un síntoma más de un sistema democrático debilitado.

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Olga Ruiz Legido es secretaria general de FACUA.