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FACUA.org - Andalucía - 10 de enero de 2018

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama más personal en los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía

Señala que está desbordados e incapaces de desempeñar la potestad sancionadora adecuadamente ante las infracciones en materia de consumo.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado medidas de impulso para establecer una estructura estable de personal en los Servicios de Consumo, y en particular de la Sección de Procedimientos e Informes de la Administración andaluza. Mediante una resolución dirigida a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Maeztu ha señalado que estos servicios se encuentran desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones sancionadoras.

En su escrito, insiste en la importancia del procedimiento sancionador en materia de consumo, "ya que una decidida voluntad administrativa de sancionar conductas que suponen infracción a la normativa de protección de las personas consumidoras puede contribuir a su erradicación". En los supuestos en que se produce una infracción de la normativa de protección a los consumidores, es necesario que la misma no sólo sea sancionada sino que también se acompañe por la necesaria reposición de la situación alterada por la infracción, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas y la indemnización de daños y perjuicios que se hubieran causado.

La adopción de estas medidas, -dotación de plazas, cobertura de vacantes y ampliación de las que sean necesarias para atender las labores encomendadas; la determinación de perfiles profesionales jurídicos; así como la mejora de nivel de puestos de asesoría técnica- aparte del oportuno soporte normativo, exige irremediablemente de una dotación adecuada de medios económicos y humanos sin los que no resulta posible hacerlas realidad, señala la resolución.

Maeztu indica que la modificación de la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía operada por Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, "podría suponer un importante paso para hacer efectivos los derechos de las personas consumidoras". Sin embargo, tras una investigación sobre las labores de inspección y sanción de estos organismos, concluye en la "necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los Servicios de Consumo".

"Pese a las mejoras presupuestarias y las medidas anunciadas por la Consejería de Salud para la defensa de los derechos de los consumidores, por los datos ahora recogidos podemos conocer que la situación no sólo no ha mejorado sino que en algunos casos ha ido a peor en cuanto a dotación de personal e, incluso", señala la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, "podría agravarse a resultas del reciente concurso de méritos del personal funcionario, lo que obligará a buscar soluciones temporales de apoyo técnico a la Sección de Procedimiento ante el riesgo de caducidad de los expedientes".

Los tiempos empleados para la resolución de dichos expedientes -correspondientes a una campaña iniciada en 2013-, se justifican por la complejidad del asunto y el altísimo volumen de documentación reunida al haberse acumulado cientos de denuncias, pero, siendo ciertas estas razones, afirma Maeztu, "no es menos cierto que las dilaciones en la resolución son también fiel reflejo de las consecuencias que se derivan de una insuficiente dotación de recursos humanos especializados para afrontar asuntos de especial dificultad o complejidad".

Puestos desdotados presupuestariamente

Los puestos, señala Maeztu, siguen desdotados presupuestariamente, "lo que imposibilita una estructura fija y de personal con experiencia en su desempeño", encontrando casos como el de Almería, en el que "ninguno de los cuatro puestos de estructura está cubierto; la Unidad de Procedimiento y las dos Asesorías Técnicas están desdotadas desde hace años y la Jefatura de Sección no ha podido adjudicarse por artículo 30 por falta de permisos". En esta provincia, indica que "la instrucción de expedientes sancionadores la desarrollan dos negociados de la Sección de Formación y Defensa de Consumidores, una Inspectora de Consumo y una Administrativa, con el apoyo administrativo de un negociado de la Sección de Inspección".

Pero Almería no es la única provincia con carencias. En su resolución, el Defensor del Pueblo afirma que en Cádiz "ninguna plaza de la sección está dotada desde 2005, realizando las tareas una inspectora de consumo con el apoyo de dos administrativos que compaginan sus labores con la atención y asesoramiento a la ciudadanía". El Córdoba, la Jefatura de Sección está ocupada provisionalmente. En Granada, las dos asesorías técnicas previstas se encuentran vacantes, "si bien la carga de trabajo exigiría de la ampliación a tres asesorías técnicas con nivel 25 y dedicación exclusiva".

Mientras, en Huelva realizan las tareas propias de la Sección de Procedimiento e Informes una inspectora de consumo y una auxiliar administrativo como personal de apoyo, al igual que en Jaén, donde son dos inspectoras de consumo que desempeñan esta labor.

Maeztu señala que Málaga "es la única excepción a la situación expuesta, pues todos los puestos están ocupados por personal funcionario de carrera. En cualquier caso, la complejidad y tratamiento individualizado de los procedimientos sancionadores así como el alto volumen de denuncias y peticiones que se dirigen a la Sección de Procedimiento determinan que no se puedan tramitar con la agilidad deseada por parte de la Jefa de Sección y los cuatro instructores dedicados a ello e, igualmente, la necesidad de reforzar el personal existente para evitar que se afecte el cobro de sanciones".

Por su parte, en Sevilla "sólo presta servicios en esta sección un asesor técnico de nivel 25, que asume las tareas de jefe de sección (plaza desdotada), una asesora técnica de nivel 23 y una inspectora de consumo como instructoras, con un administrativo para la gestión (que comparte tareas con otras secciones)".

La única medida que se habría adoptado para el impulso de la tramitación de expedientes sancionadores sería un plan de choque, mediante contratación de personal interino durante seis meses entre 2016 y 2017. Para mejorar la eficacia de esta medida, indica Maeztu que en algunos casos se echó en falta un perfil adecuado del personal contratado a las características del puesto, pues fue necesario un lógico proceso de formación especializada en procedimiento sancionador y en materia de consumo de las personas contratadas.

Asimismo, el Defensor advierte de que las solicitudes que se han cursado para cubrir puestos dotados vacantes o para la dotación de plazas de la RPT habrían sido rechazadas por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Advierte además de la falta de definición de un perfil de profesional con formación en derecho para puestos que tienen asignada la tramitación de expedientes sancionadores de consumo, a salvo de la Jefatura de Sección de Procedimiento e Informes.

A continuación, puedes leer íntegra la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4486 dirigida a Consejería de Salud, Dirección General de Consumo