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FACUA.org - España - 25 de febrero de 2019

El director de publicaciones de Ausbanc, cuatro meses en busca y captura por dos estafas inmobiliarias

Está condenado a 3 años y seis meses de cárcel. El fiscal del caso Ausbanc y Manos Limpias ha pedido 16 años por pertenencia a organización criminal y tres delitos continuados de extorsión.

El que fuera director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, lleva cuatro meses en busca y captura para su ingreso en prisión por dos estafas inmobiliarias. El pasado 22 de octubre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto para que fuera arrestado, dado que pesan sobre él dos condenas de 3 años y seis meses de cárcel por delitos cometidos entre 2005 y 2007, durante su etapa como consejero y posteriormente administrador único de Grupo Inmobiliario Arcediano.

Suárez Jordana fue director general de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) en la primera legislatura de Aznar y director de las publicaciones de Luis Pineda hasta que su presunta organización criminal fue desarticulada en abril de 2016 por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El fiscal del caso Ausbanc y Manos Limpias, en la que Podemos y FACUA ejercen la acusación popular, ha pedido para Suárez Jordana 16 años de prisión por pertenencia a organización criminal y tres delitos continuados de extorsión.

A las dos condenas por estafa que acumula Suárez Jordana se suman otras tres por intromisión ilegítima en el derecho al honor de FACUA, su portavoz, Rubén Sánchez, y el ex social media de la Policía, Carlos Fernández Guerra, que lo demandaron a él, a Pineda y a Ausbanc por las difamaciones que durante años lanzaron contra ellos a través de las publicaciones de la falsa asociación de consumidores y sus cuentas de Twitter.

El condenado sigue en su casa

Según ha publicado El Confidencial, los abogados de las víctimas de sus estafas inmobiliarias solicitaron el pasado 19 de enero un "nuevo impulso judicial" para que la Audiencia Provincial requiera de manera urgente la detención de Suárez Jordana y cumpla así sus penas. El letrado Manuel Castellanos ha requerido a la Audiencia que pregunte a su vez a la Policía Nacional qué gestiones ha realizado desde el 22 de octubre para su detención. "Han transcurrido meses y nos consta que el condenado sigue haciendo una vida normal, residiendo en su domicilio y atendiendo sus negocios, sin que nos conste que la Policía haya cumplido con el requerimiento hecho por el tribunal".

La Audiencia Provincial ya dejó claro en otro auto, de septiembre de 2018, que rechazaba la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad solicitada por Suárez Jordana, ya que el condenado no había hecho ningún esfuerzo por indemnizar a los estafados con lo que dictaminaba una de las condenas, 221.887 euros más los intereses legales. "En el presente caso no ha lugar a la suspensión de la ejecución de la pena, dado que pese al tiempo transcurrido desde que se dictó la sentencia y desde que el penado ofreció abonar una mínima cantidad al mes (80 euros) para satisfacer la responsabilidad civil a que fue condenado, ha sido nulo su esfuerzo para reparar el daño causado", señaló entonces la Audiencia Provincial.

El juzgado citó incluso al condenado para que compareciera el 1 de octubre a las 10:00 horas, "a fin de requerirle el ingreso voluntario en prisión en el plazo de diez días naturales desde el requerimiento. Todo ello, bajo apercibimiento de que en caso de no verificarlo, se dictará orden de busca, detención e ingreso en prisión sin más citarle ni oírle". No se presentó. Según el abogado de los estafados, la Audiencia se puso manos a la obra para encarcelar a Suárez Jordana tras poner una queja en el Consejo General del Poder Judicial.

Las sentencias por sus estafas en la venta de viviendas datan de febrero de 2015 y diciembre de 2016, la primera por vender a un matrimonio una vivienda que ya había vendido a otro comprador y la segunda por ocultar que sobre un inmueble pesaba como carga un préstamo sobre gran parte de su importe.

En el auto por el que el juez Pedraz cerró la instrucción señaló que Suárez Jordana tuvo "intervención activa" para que Manos Limpias, siguiendo las instrucciones de Pineda, se personara como acusación popular en determinados procedimientos que beneficiaban a Ausbanc, que tenía "interés personal en actuar judicialmente contra Rubén Sánchez, de la organización de consumidores FACUA, debido a la enemistad manifiesta que Luis Pineda le profesaba. Se trataba de lograr la imputación de Rubén Sánchez en el denominado caso de las facturas de UGT", según reza el auto de procesamiento de la Audiencia.

Tanto la Fiscalía como el juez instructor rechazaron la imputación de Sánchez que perseguía la trama ante la inexistencia de ningún indicio de que hubiera cometido un delito. La acusación popular de Podemos solicitó al juez que permitiera la personación del portavoz de FACUA como víctima de un delito de denuncia falsa.