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FACUA.org - Europa - 26 de marzo de 2019

FACUA critica la Directiva de copyright aprobada por el Europarlamento que impone la censura previa

La asociación considera que dejar a un algoritmo seleccionar los contenidos que se comparten en internet convertirá a esta herramienta en un instrumento mucho menos democrático y con menos diversidad.

FACUA-Consumidores en Acción critica que el Parlamento Europeo haya aprobado finalmente la Directiva relativa a los derechos de autor o copyright que impone la censura previa para evitar que se publiquen en internet contenidos sujetos a derechos de autor. La asociación advierte de que esta reforma del copyright producirá un peligroso impacto sobre las libertades y el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos de la Unión Europea.

La votación, que ha tenido lugar este martes, ha salido adelante gracias a un estrecho margen de votos a favor, 348, frente a 274 en contra y 36 abstenciones.

FACUA considera que esta nueva Directiva podría convertir internet en algo más pasivo, en la que grandes grupos controlarían los contenidos que se publican y podría dejar fuera plataformas donde se crean colectivamente y en ocasiones a partir de una obra ya existente. Y esto se hará fundamentalmente por la aplicación de dos artículos de la Directiva que imponen la censura previa y dejan en manos de un algoritmo el proceso de selección de lo que es publicable: los artículos 15 y 17.

Así, el artículo 17 recoge que las empresas de internet puedan implantar filtros de contenido, basados en algoritmos, que rastreen y eliminen automáticamente aquellos que puedan constituir una violación del copyright sin necesidad de ningún tipo de denuncia previa, como sí ocurre actualmente. Tan sólo habrá supervisión humana si el usuario censurado lo reclama.

La asociación cree que no hay un desarrollo tecnológico suficiente como para permitir que sea un algoritmo el que tome una serie de decisiones que impactan en derechos fundamentales de la ciudadanía, como es el derecho a la información o la libertad de expresión. Ya son suficientemente conocidos los falsos positivos de infracción del copyright que arrojan los filtros previos de grandes plataformas como YouTube o diferentes redes sociales, que desactivan vídeos, por ejemplo, por usar contenidos supuestamente protegidos que en realidad ya han pasado al dominio público.

FACUA considera, además, que las grandes empresas se ven habilitadas ahora para realizar un monitoreo masivo de la red que, a ojos de FACUA, puede terminar convirtiéndose en una herramienta de censura previa fuera del control judicial. La Directiva recoge una excepción: quedan fuera de esta tarea de rastreo "las webs y apps más pequeñas", aunque no aclara cuáles son los requisitos que otorgarán una clasificación u otra.

Asimismo, el artículo 15 de la nueva norma contempla la creación de un canon por enlazar contenido que los proveedores deberán pagar a los creadores, en un sistema similar al canon AEDE en España. Esto llegaría a afectar también a los usuarios, que tendrían que solicitar permiso o pagar una licencia al creador del contenido si quieren compartirlo mediante alguna de sus redes sociales o simplemente enlazar a un sitio.

La aprobación de hoy de la Eurocámara era el último paso para la adopción definitiva de la Directiva. El Parlamento Europeo votó en contra del procedimiento de la normativa el pasado 5 de julio y, una vez enmendada, volvió a votar (esta vez a favor) el pasado mes de septiembre. Dicha aprobación decidió la posición negociadora de la Eurocámara con respecto al Consejo Europeo, y tras llegar a un acuerdo entre ambos organismos, llevaron de nuevo a votación este martes el texto definitivo. Los Estados miembro tienen ahora dos años para transponer la nueva norma a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes de que entre definitivamente en vigor.

En este sentido, FACUA considera que la transposición a la legislación española no estará exenta de complejidad, dado que el artículo 20 de la Constitución española establece que sólo se pueden secuestrar publicaciones por orden judicial, lo que dificultaría la puesta en marcha de un algoritmo que aplique censura previa.

La asociación se suma, una vez más, a las distintas organizaciones sociales que alertan sobre la pérdida de libertades que puede suponer esta normativa para los ciudadanos de la Unión Europea y vuelve a rechazar frontalmente un reglamento que puede terminar convirtiéndose en un método de censura.