La vigésimo quinta Cumbre del Clima finalizó dando mucho que hablar, y no sólo porque Madrid contó con un importante elenco de personalidades de la vida pública y social, como fueron la activista Greta Thunberg, el cantante Alejandro Sanz o los actores Javier Bardem y Harrison Ford, sino por la visibilidad y el protagonismo de las grandes empresas patrocinadoras de la Cumbre, que han aprovechado la situación para enmascarar sus acciones en una gran operación de greenwashing. El aire festivo estuvo asegurado.

Pero la Cumbre también será recordada por ser la más “larga” de todas las celebradas hasta el momento y por el acuerdo in extremis que allana el camino para cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, a pesar de que la concreción de tales objetivos, más ambiciosos de los que se venían marcando, se hayan dejado para la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en Glasgow en 2020.

Al margen de todas estas sensaciones debo señalar que, entre los logros de la COP25, está el sacar los problemas ambientales de la cola de la agenda social, política y económica de este país, que se establecen ahora como uno de los temas prioritarios. De hecho, la COP25 debería servir de catalizador para provocar un nuevo planteamiento económico. Debemos plantearnos el modelo económico a seguir, cómo gestionamos los recursos y cómo consumimos. En este sentido, sí de verdad creemos que el elefante en la habitación es el cambio climático, también tendremos que pensar que la gestión del agua en nuestros pueblos y ciudades ha de ser un tema capital.

La península ibérica es un mosaico climático muy diverso, un auténtico “continente en miniatura” donde el cambio climático tendrá un efecto diferente en función del territorio. No obstante, tal como se ha demostrado en los últimos años hidrológicos, todos los territorios tendrán problemas con la gestión de los episodios de sequía e inundaciones. Desde finales del siglo XX convivimos con un clima más seco, más cálido y más errático.

España es un país muy regulado en la actualidad. El número de grandes presas supera la cifra de 1.200, con una capacidad aproximada de 56.000 hm₃. De éstas, unas 450 son anteriores a 1960, de las cuales, más de 100 ya existían en el año 1915. El gran desarrollo histórico de infraestructuras hidráulicas nos ha llevado a una enorme huella hídrica y los costes cada vez más elevados de los nuevos proyectos hacen que su rendimiento sea cada vez menor. Por otra parte, tenemos que recordar que disponemos de una importante Red Natura 2000 que, tanto en número como en riqueza ecológica, restringe mucho la viabilidad ambiental de nuevas presas y trasvases. A estas circunstancias hay que sumar que el cambio climático nos fuerza a centrarnos en el desarrollo de recursos no convencionales y en políticas de “gestión de la demanda”, especialmente en el regadío, que sigue creciendo bajo el incentivo de los negocios agroexportadores.

En este contexto, van a existir importantes retos financieros para afrontar los riesgos derivados del cambio climático. Principalmente, va a ser preocupante en pueblos y ciudades con menos de 20.000 habitantes donde, a los problemas cuantitativos (escasez por falta de inversión en infraestructura) y cualitativos (contaminación de sus fuentes de suministro), se sumará la falta de mecanismos claros de inversión para estos territorios que nunca podrán afrontar estos problemas mediante la autofinanciación. Una situación en la que las diputaciones provinciales pueden y deben ayudar mucho.

Ante los riesgos crecientes de sequía y de inundación por cambio climático, eludir el cumplimiento de los acuerdos de Paris es suicida. La gobernabilidad del agua apenas aparece en la agenda política y sólo lo hace cuando vivimos episodios de crisis de sistema (que suele coincidir con la aparición de fenómenos climatológicos extremos). Gestionamos desde una perspectiva de ciclo hidro-ilógico. Estamos tan acostumbrados a que cuando necesitamos agua solo tenemos que abrir el grifo, que olvidamos que ésta no se origina ahí. Se requiere un proceso bastante complejo para que podamos disfrutar de agua potable en nuestras casas. Este ciclo hidro-ilógico implica que solo actuamos en la gestión del agua cuando llegamos a una situación de pánico y que entramos en la apatía cuando vuelven las temporadas de lluvia. Una prueba es que la legislación vigente prevé elaborar planes de sequía en municipios con más de 20.000 habitantes y sin embargo no se redactan. Tenemos leyes pero no seguimiento de su cumplimiento.

En el mundo domina ampliamente la gestión pública, pero en nuestro país la privatización crece, más como forma de alimentar las arcas municipales que como fórmula para mejorar la eficiencia. Esta fórmula de privatización es especulativa y está provocando una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua. El dinero que reciben los ayuntamientos, por los llamados cánones concesionales, se destina a usos que nada tienen que ver con el ciclo del agua. Se ha pasado de la financiación municipal a través del ladrillo a intentar financiarse a través de la privatización de los servicios. La desinversión es consecuencia de esta burbuja.

Hemos mejorado mucho en reducir el consumo de agua en los abastecimientos urbanos. No obstante, se constata que crecen las fugas por desinversión en reposición y conservación de redes. La consecuencia es que España tiene una mala puntuación respecto a los niveles de perdidas totales en las redes de distribución, situada 5,2 puntos porcentuales por encima de las sufridas por la media de los principales países europeos.

Hoy estamos en una media de 120 litros por habitante y día de uso doméstico. 100 litros por persona y día es el reto que nuestras ciudades han de imponerse para contribuir a mitigar el cambio climático y adaptarse a él. La ONU establece un rango de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día como cantidad necesaria para satisfacer las necesidades humanas.

¿Qué debemos hacer urgentemente?

Las actuales tarifas no están adecuadas para hacer frente a los retos de nuestros pueblos y ciudades. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en los dos próximos siglos. En el abastecimiento urbano de agua (como en otros sectores) necesitamos un nuevo planteamiento económico para enfrentarnos a una pregunta fundamental sobre qué modelo de gestión queremos para acometer los costes, un modelo que deberá ser fruto de la planificación y de la participación.

En este sentido, el nuevo modelo de gestión no solo debe afrontar los actuales retos (necesidad de inversiones y falta de cumplimientos de directivas y normativas internacionales) sino que debe ser responsable con las generaciones futuras. La falta de inversión en las infraestructuras de agua provoca que tengamos una red envejecida, contra la que es muy difícil luchar, y cuanto más tiempo pase, más perdida tendremos la batalla.

Para afrontar el tema de las tarifas se debería contar previamente con un marco regulatorio transparente, definido con indicadores estandarizados que permitan la realización de una comparación científica y más cercana a la realidad de los servicios. Por ejemplo, cortes de agua realizados a los usuarios, bonificaciones disponibles, cantidad, calidad y continuidad del servicio, existencia de atención presencial, dispersión geográfica y poblacional de la zona atendida... Datos que, en algunos casos, ni las propias gestoras del servicio conocen. Para todo ello debería existir una reglamentación que promueva la publicación y difusión de este tipo de información.

La planificación participada debe ser la que marque las inversiones y, en gran medida, los costes de nuestras tarifas y el consenso sobre las mismas. Hay que señalar que las entidades con una gestión indirecta dan aún menos acceso, negándose a facilitar cualquier tipo de información básica sobre la entidad, lo que repercuta en la dificultad de generar estudios veraces y cercanos a la realidad.

Por estos motivos, junto con la consideración del agua como un derecho humano, es necesario un nuevo modelo de gestión pública diferente del actual, como el que se está concretado en el Pacto Social por el Agua, aprobado por decenas de ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos de toda España, entre ellos el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016) o el Principado de Asturias. En los últimos años, experiencias como los observatorios de Xávia (Alicante), Terrassa (Barcelona), Emasesa (Empresa Metropolitana de Sevilla) o la elaboración participada del Plan Estratégico de Aguas de Cádiz, son ejemplos claros para la creación de un nuevo modelo más resiliente y adaptado a los condicionantes del cambio climático, pero también a los criterios definitorios del derecho humano al agua y al saneamiento.

Además, es necesario pinchar la burbuja del agua y que, lo que pagamos por el agua, vaya a la gestión de los servicios de agua. El Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales ofrece la ocasión de cambios legales necesarios. Se debería exigir que el denominado canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas, que evite la dilación de contratos y los beneficios impropios de los concesionarios privados sobre la base de “blindar los mercados de inputs secundarios”, que imponga que contrataciones y subcontrataciones se hagan por concurso público y no por contratación directa a empresas del propio grupo (a veces la contratación de más del 89,7% procede de auto-compras directas a empresas del mismo grupo), lo que merma las ventajas competitivas del mercado y provoca costes innecesarios.

También es necesario hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa. Los ejemplos como los del Prat de Llobregat (Barcelona) nos indican que ya es necesario que los nuevos desarrollos urbanísticos añadan a la entrada de agua potable otra de agua tratada y no consumible. La empresa pública Aïgues del Prat solucionó así una ecuación dramática: la población en aumento en toda el área metropolitana de Barcelona, y unos episodios recurrentes de sequía. Es necesario multiplicar el uso del agua regenerada, que se emplea sobre todo para regar zonas verdes.

Finalmente es necesario asumir la doble realidad en relación a la capacidad de recuperación de costes: grandes aglomeraciones con sistemas infraestructurales maduros frente al mundo rural que no puede hacer frente con criterios de recuperación de costes a las inversiones que tiene que realizar. Es un problema que también debemos abordar si queremos adaptarnos a la incertidumbre de la actual emergencia climática. Es imprescindible crear impuestos solidarios parecidos (o similares) al actual canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que establecen algunas comunidades autónomas, como en el caso de Andalucía. Muchos centros de creación de opinión omiten que menos del 9% de esos municipios tienen más de 10.000 habitantes y que su futuro nunca podrá depender de su tarifa.

No obstante, para hacer frente a la emergencia climática, los operadores de agua debemos tomar más medidas. Algunas, como la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), ya tienen un paquete de medidas para combatir la emergencia climática. Las líneas de actuación están relacionadas con la mejora de la red de abastecimiento, reducción de emisiones, proyectos de mejoras ambientales de los entornos de las fuentes de suministro, desarrollo de sistemas de drenaje sostenibles, control de consumos no autorizados e individualización de contadores. En breve muchos operadores públicos presentarán avances similares.

Se está paseando por delante de nosotros un elefante, un gigante peligroso, y si no somos capaces de verlo, de actuar, vamos a fracasar. Si bien la COP25 ha marcado claramente el camino de la reducción de gases de efecto invernadero como medida principal para luchar contra el cambio climático, en el ámbito del abastecimiento y el saneamiento de agua urbana tenemos una serie de retos igualmente grandes, latentes, que cuanto más tardemos en abordar mayores serán las consecuencias para la población. Ojalá la COP25 nos haya curado la ceguera.

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Luis Babiano es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas).

*La foto de encabezamiento es de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, en sus siglas en inglés).