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FACUA.org - España - 15 de enero de 2020

Los controladores aéreos admiten su culpa y pagarán una multa por la huelga de 2010

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, han admitido el delito de abandono de los servicios públicos durante la huelga que llevó al cierre del espacio aéreo.

Un total de 119 controladores aéreos de los 133 que están siendo juzgados desde este 15 de enero en Madrid por el caos aéreo de 2010 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas que se impondrán por un delito de abandono de servicio público.

La huelga de controladores afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, ya que paralizó la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Esta es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivados y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos.

De los 133 acusados en la causa pendiente en Madrid, según las mismas fuentes, siete se enfrentan a una multa de 75.000 euros en calidad de representantes sindicales de la antigua junta directiva del sindicato mayoritario, USCA. De estos siete, seis han pactado un acuerdo que se dará a conocer en el juicio.

Solo César Cabo, el que fuera el portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a conformar con el Ministerio Público. Los trece controladores que no han pactado se enfrentan a una multa de 60.000 euros.

La vista oral arranca este 15 de enero, se prolongará hasta el próximo 18 de marzo y se celebrará en uno de los Juzgados de lo Penal de la calle Albarracín.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

Cierre del espacio aéreo

El escrito de acusación recuerda que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.

"Dichas cancelaciones -añade la Fiscalía- produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación". De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron "no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

Según la Fiscalía, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal" alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno".

Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo y deje para el resto una indemnización de 60.000 euros.

Macrojuicio

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid celebra a partir del 15 de enero la vista oral del macrojuicio contra 139 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010 que provocó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. El caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales.

Tras el cierre del espacio aéreo, en 2013 se abrieron 23 causas contra los controladores en juzgados de toda España -las ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Barcelona, Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona), además de Palma y Madrid- de las cuales 21 fueron sobreseídas.

Los casi 140 controladores aéreos implicados en la causa en Madrid, incluidos antiguos miembros de la junta directiva de USCA, están acusados por la supuesta comisión de un delito de abandono de función pública el pasado 3 y 4 de diciembre de 2010, que derivó en el caos aéreo y en la militarización del servicio de control.

En febrero, USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma. El acuerdo supuso para el sindicato el fin a un conflicto que dura diez años quedando pendiente la causa de Madrid.

En Palma, 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 realizaron el pago de las indemnizaciones acordadas y la mayoría se adhirió al pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas con asunción de una multa para evitar ir a juicio. La indemnización acordada fue de 1.000 euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que fueron cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.