FACUA Andalucía, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), CGT, Ecologistas en Acción, Marea Blanca y hasta 80 colectivos y organizaciones, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que impulse un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020, que modificó hasta 27 normativas andaluzas sin contar con la participación de los agentes sociales.

Las organizaciones firmantes alegan que "debido al número y la importancia de normas modificadas", se debería haber tramitado mediante el cauce habitual del Proyecto de ley en lugar de utilizar la figura del Decreto-ley que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sólo se puede utilizar "por una situación de extraordinaria y urgente necesidad".

En este sentido, la federación y el resto de colectivos denuncian que se ha utilizado la excusa del estado de alarma para aprobar por la vía de urgencia una batería de medidas que no están en ningún caso relacionadas con la situación actual. El mismo Decreto-ley, en su exposición de motivos, reconoce que las reformas planteadas pueden ser "difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley".

De igual forma, el Decreto-ley 2/2020 también indica que se lleva trabajando en estas reformas durante más de un año, por lo que se evidencia que no tienen ninguna relación con la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Así, las organizaciones denuncian que las medidas "no tienen nada que ver con prevenir los efectos de una inmediata crisis económica, ecológica y social, sino que van producir el efecto contrario", además de invadir competencias que están actualmente en manos del Gobierno central.

FACUA Andalucía recuerda que el trámite utilizado para aprobar estas modificaciones normativas ha ignorado cualquier elemento de participación ciudadana, que consideran esenciales en la elaboración de una normativa de gran calado en la sociedad andaluza, incurriendo en ocasiones en redacciones "de dudosa legalidad" que pueden producir un daño "irreparable" en los sectores económicos a los que va dirigida esta ley.

El escrito dirigido al Defensor del Pueblo está firmado por hasta 80 colectivos y organizaciones andaluzas, entre las que se encuentra la Apdha, CGT, Ecologistas en Acción, Marea Blanca, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Coordinadora Andaluza de ONGD, además de casi otro centenar de profesionales y ciudadanos a título individual.

Batería de medidas de carácter liberal

La federación advierte de que las modificaciones normativas ahondan aún más en la liberalización de los horarios comerciales, rompiendo las políticas de consenso y equilibrio característicos de la comunidad autónoma, y que eran posibles debido a la participación de consumidores y miembros de la sociedad civil en su elaboración.

La nueva normativa permite la apertura de hasta 16 domingos y festivos al año y establece la opción de declarar Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) durante todo el año y en todo el municipio para dar abastecimiento a los turistas, rompiendo el equilibrio entre las grandes superficies comerciales y el pequeño comercio.

De igual forma, relaja elementos de control a la hora de planificar nuevos proyectos urbanísticos y que inciden en el patrimonio artístico, eliminando garantías establecidas para preservar la calidad medio ambiental.

En el ámbito turístico, se facilita cualquier elemento que sirva como reclamo y relajan controles para impedir un turismo descontrolado que pueda afectar de forma negativa a la comunidad.