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FACUA.org - España - 2 de febrero de 2022

CRECIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES
Clínicas dentales: sólo 7 de las 17 comunidades autónomas informan sobre las multas impuestas desde 2018

De un total de 370 inspecciones, se incoaron 25 expedientes sancionadores. FACUA ve alarmante la falta de transparencia y control sobre las empresas que ofrecen un servicio de salud básico como el bucodental.

Tan sólo siete de los 17 gobiernos autonómicos contestan el requerimiento de FACUA-Consumidores en Acción sobre las inspecciones y sanciones impuestas a clínicas dentales desde 2018 y, las que responden sólo dan datos parciales. Ni siquiera es posible saber en muchos casos qué motivo las inspecciones y si fueron llevadas a cabo por las autoridades de Consumo, las de Sanidad o ambas.

La asociación considera alarmante la falta de transparencia y control sobre las empresas que ofrecen un servicio de salud básico y esencial como el bucodental, dado que, si consideramos la información a la que ha podido acceder FACUA, menos del 6% de las clínicas dentales legales (aquellas que cuentan para su funcionamiento con un código autonómico de autorización) fueron inspeccionadas en los tres últimos años.

FACUA se ha dirigido a las autoridades autonómicas de Consumo y Sanidad para pedir información sobre inspecciones y controles a las clínicas dentales de los últimos años, después de que los numerosos casos de cierres que vienen ocurriendo en los últimos años -Dental Line, Funnydent, iDental, Nou Dent y, recientemente, Dentix- hayan puesto de manifiesto la desprotección de los derechos de los pacientes sin que ninguna autoridad actúe y ponga fin a prácticas que buscan el máximo enriquecimiento a costa de dañar la salud de las personas.

Sin embargo, diez de las diecisiete no ofrecen información alguna al respecto y, de las que sí ofrecen datos, algunas sólo dan una información parcial. De un total de 370 inspecciones realizadas en las siete comunidades que sí dan datos, tan sólo se incoaron 25 expedientes sancionadores en Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Navarra, que cuenta con 263 clínicas dentales autorizadas según el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad, indica que en los tres años solicitados no se ha llevado a cabo ninguna inspección ni sanción alguna.

Tampoco es posible saber si se trata de una información completa, dado que las respuestas provienen de diferentes organismos. En el caso de Aragón, Canarias y Extremadura, la información es facilitada por la Consejería de Sanidad; en Murcia y Comunidad Valenciana, las autoridades de Consumo, mientras que en Navarra responde el Departamento de Desarrollo Económico (sección de Control de Mercado, Promoción y Defensa de la Competencia) y en Castilla y León la Consejería de Empleo e Industria. En ninguno de los casos aclaran si las inspecciones a las que se refieren son totales, solamente las de su organismo o si es que las de sus organismos son las únicas que se han hecho.

Falta de control

FACUA reclama un mayor control sobre el modelo de clínicas dentales existente en España, tanto por parte de las autoridades de Consumo como las sanitarias. Por un lado, Consumo debe controlar que se garantizan cuestiones como el acceso a las hojas de reclamaciones, que se ofrezca una información de precios completa y veraz previa a la contratación de los servicios y otras cuestiones relacionadas con la legislación general de Consumo, dado que las clínicas dentales no dejan de ser establecimientos comerciales abiertos al público. Pero es fundamental, valora la asociación, que dado que se trata de establecimientos sanitarios, las autoridades sanitarias también velen por que el servicio que ofrecen las clínicas dentales se ajusten a la ley sanitaria a través de un control estrecho y constante.

FACUA considera imprescindible que las clínicas dentales pasen controles que comprueben que el personal que atiende a los usuarios cuenta con la debida titulación, dado que puede darse intrusismo, o que se verifique que el personal contratado para otras ocupaciones no realice labores para las que sólo están autorizados los dentistas, entre otras cuestiones. Asimismo, es vital que las inspecciones impliquen una revisión de las máquinas e instrumental utilizado, que examine que el material es esterilizado, etc.

La asociación recuerda que los servicios bucodentales en España funcionan en su práctica totalidad a través de este tipo de centros privados, y que en los últimos años han proliferado negocios especulativos basados en un rápido crecimiento y en el crédito al consumo, sin garantías adecuadas y con una mala gestión en unos casos y directamente con un fraude intencionado en otros.

Entre otras cuestiones, la asociación viene detectando una atención altamente deficiente a los usuarios, con retrasos y anulaciones constantes en las citas concertadas, tratamientos que desatienden el deber de diligencia o con el uso de materiales deficientes en la prestación de los servicios contratados que posteriormente requieren su reemplazo.

Además, se ha producido un cierre masivo y repentino de numerosas clínicas dentales (concentradas, en su mayor parte, en grandes grupos empresariales), como iDental o la más reciente, Dentix, lo que ha dado lugar a la interrupción de los tratamientos o que éstos ni tan siquiera comenzasen a ejecutarse, y que, sin embargo, ya habían comenzado a ser abonados bien directamente o a través de financiaciones con determinadas entidades de crédito.

La asociación considera alarmante la falta de control sobre estas clínicas por parte de las autoridades. El modelo actual sitúa a miles de consumidores en una posición de completa vulnerabilidad, sin que se hayan reforzado las inspecciones, ni la transparencia en relación a las acciones llevadas a cabo.

FACUA reclama una mayor protección de los derechos de los consumidores a través de la información que los organismos de Consumo hacen público en relación al control sobre las clínicas dentales, dado que es imposible conocer si se ha verificado el grado de cumplimiento con la legalidad de este tipo de comercios.

De igual forma, debe revisarse la normativa para posibilitar procedimientos sancionadores efectivos y disuasorios, realizando una revisión de la tipificación de las conductas infractoras, además de aumentar la cuantía de las sanciones y prever la adopción de medidas cautelares y preventivas.

Las sanciones impuestas deberían , además, publicitarse con la mayor transparencia, para que los usuarios puedan conocer si un negocio ha sido objeto de alguna multa antes de decidir si contrata con él.

Inspecciones de menos del 6% de las clínicas en tres años

Las respuestas dadas por las siete comunidades autónomas que sí informan sobre sus inspecciones son parciales e incompletas.

En concreto, Comunidad Valenciana, que cuenta con 2.388 clínicas autorizadas, indica que entre 2018 y 2020 se han llevado a cabo diez inspecciones (dos en 2018, ninguna en 2019 y 8 en 2020) y sólo una de ellas ha derivado en un expediente sancionador. Es decir, en tres años, tan sólo un 0,4% de las clínicas han sido revisadas por las autoridades competentes. No se ofrece el nombre de las clínicas inspeccionadas o sancionadas ni los motivos que llevaron a la inspección ni a la sanción.

En Canarias, donde hay 871 clínicas dentales autorizadas, no ha habido sanciones, pese a que se han llevado a cabo 180 inspecciones (en su respuesta, el Servicio Canario de la Salud indica que 129 están relacionadas con trámites administrativos que conllevan una inspección obligatoria, como renovar la licencia de apertura). Tampoco informan sobre los nombres de las clínicas revisadas. Llama la atención que tan sólo se realizaron 14 inspecciones de oficio (diez de ellas, en 2020, a siete clínicas de Dentix), 5 por denuncias y 14 por cierres no comunicados, lo que suma un total de 51 inspecciones. En total, el 20,7% de las clínicas canarias han sido revisadas en los últimos tres años. Ninguna de las inspecciones ha dado lugar a un procedimiento sancionador.

Castilla y León, que cuenta con 1.172 centros autorizados, comunica que han llevado a cabo 115 inspecciones en tres años, de las que se han derivado 12 sanciones, por cuestiones como la incorporación de cláusulas abusivas en sus contratos con los usuarios, incumplimiento de normativa en la elaboración de presupuestos informativos para los consumidores y falta de transparencia en los precios ofrecidos a usuarios. Esto significa que tan sólo el 9,8% de las clínicas dentales de la comunidad han sido revisadas. En cualquier caso, no se informa de los nombres de las clínicas inspeccionadas o sancionadas ni el desglose de las cifras por años.

Por su parte, Aragón, con 597 clínicas dentales autorizadas, ha llevado a cabo 49 inspecciones (21 en 2018, 26 en 2019 y dos en 2020, además de seis inspecciones de oficio, de las cuales cinco fueron en 2020 a centros de Dentix). Esto significa que tan sólo el 8,2% de las clínicas han sido inspeccionadas. De ellas, se han incoado tres procedimientos sancionadores por infracción administrativa grave: una a Dental Fraga (5.000 euros de multa, por la persistencia en la no presentación de la documentación requerida), otra a iDental (4.000 euros de multa, por la desatención de los requerimientos de información y datos de la administración sanitaria) y una tercera a Vivanta (1.803,03 euros de sanción por no aportar la totalidad de la documentación requerida necesaria para cambiar la titularidad del centro).

Murcia, con 614 clínicas autorizadas, indica que han sido 43 las denuncias recibidas (de las cuales, 34 fueron en 2018 y 9 en 2020), que motivaron 12 inspecciones –un 2% de los centros fueron revisados en tres años- y siete expedientes sancionadores. Las denuncias fueron contra clínicas dentales que cerraron, como Mur Dental e iDental en 2018 y Dentix en 2020 y una contra Vivanta, que se ha archivado por continuar con el tratamiento.

Por último, Extremadura, con532 clínicas dentales autorizadas, informa de que han llevado a cabo cuatro inspecciones (esto es, en tres años, fueron revisadas la irrisoria cantidad del 0,8%, de clínicas) que han dado lugar a dos expedientes sancionadores por infracciones leves, uno a la Clínica Dental Ricardo Sotés, de Navalmoral de la Mata (2.000 euros de sanción) y otro a la Clínica Dental de María del Carmen Ocero Altamirano de Plasencia (300 euros de multa por no haber renovado la autorización de funcionamiento cada cinco años).