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FACUA.org - España - 26 de febrero de 2021

Proteger a los usuarios ante la subida de comisiones de la banca

La Dirección General de Consumo recuerda, en un informe, que para cambiar las condiciones se deben cumplir una serie de condiciones, como la información previa y que el motivo aparezca en el contrato.

Las principales entidades de crédito en España han iniciado desde hace unos años una escalada en sus políticas de comisiones que se traduce en un empeoramiento progresivo y generalizado de las condiciones de las cuentas de pago. Las nuevas políticas de los bancos están reduciendo notablemente la capacidad de los consumidores para decantarse por opciones que ofrezcan alternativas al abono de elevadas comisiones de mantenimiento y obligan, en la práctica, a la contratación servicios adicionales que entrañan una merma para la economía de los usuarios y los sitúan en una posición de mayor grado de vinculación y dependencia.

Así, en los últimos meses, son numerosas las entidades que están imponiendo nuevas condiciones para no pagar comisiones como la domiciliación de recibidos, el uso de tarjetas, y la contratación de seguros o productos de inversión).

Sin embargo, el pasado 15 de enero de 2021 la Dirección General de Consumo (adscrita al Ministerio de Consumo) emitió un informe en el que se pronuncia sobre la licitud de las modificaciones unilaterales de las condiciones de los contratos. El informe responde a una consulta planteada por el Instituto Gallego del Consumo y de Competencia en el marco del procedimiento aprobado por la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo, a fin de establecer interpretaciones normativas comunes por parte de los distintos organismos autonómicos con competencias en materia de consumo.

La Dirección General de Consumo señala en su documento las condiciones que cumulativamente deben concurrir para la modificación de los contratos de servicios financieros de duración indeterminada celebrados con consumidores (particularmente, en consideración con lo previsto en el artículo 85.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias). De esta manera, Consumo señala como abusivas todas aquellas modificaciones unilaterales de precios de comisiones que se aparten de tales supuestos y que se impongan a las personas consumidoras.

Más concretamente, señala con claridad meridiana que tales modificaciones exigen de la concurrencia cumulativa de las siguientes condiciones:

1. Que exista un motivo expresado en el contrato, debiendo incorporarse de forma transparente.

Esto es, la posibilidad de una eventual modificación de condiciones que pudiera afectar al precio de la comisión de mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro debe contemplarse expresamente en el contrato, en base a supuestos tasados y también específicamente previstos de forma transparente. Así, el consumidor debe tener la posibilidad de conocer las circunstancias concretas que legitiman la modificación en el momento de suscribir el contrato. Por lo tanto, deben entenderse lícitas exclusivamente aquellas modificaciones que respondan a alguno de los supuestos tasados que se contemplen de forma explícita.

Respecto a lo anterior, debe tenerse en consideración que el artículo 83 (párrafo segundo) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que "[l]as condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho", y que las mismas se tendrán por no puestas.

2. Que dicho motivo sea válido, debiendo interpretarse dicha "validez" de forma restrictiva en base a la consolidada y reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sostiene que las excepciones a las normas del Derecho de la Unión destinadas a proteger a los consumidores (entre las que se encuentra la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores) deben interpretarse estrictamente.

La Dirección General de Consumo, por tanto, considera que en modo alguno cabe entender como válidos aquellos motivos que pretendan legitimar un cambio de condiciones vaciando de contenido los derechos que asisten a los consumidores. Los motivos deben limitarse a supuestos objetivos y/o sobrevenidos (como, por ejemplo, la aplicación de nuevos impuestos a la banca que gravasen el producto).

El informe también se refiere a las cuentas publicitadas como "sin gastos, ni comisiones", para indicar que, en estos casos, no pueden imponer el cobro de comisiones de mantenimiento y/o establecer requisitos para que los titulares continúen quedando exonerados del abono de comisiones. En base a lo previsto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y "aun cuando el motivo especificado en el contrato para ello fuese válido", no pueden admitirse como válidas aquellas cláusulas que permitan una modificación unilateral del contrato limitando el derecho a exigir que el contenido de la publicidad forme parte del mismo.

3. Que el empresario esté obligado a informar al consumidor con una antelación razonable de la modificación unilateral de las condiciones del contrato de darse las condiciones anteriores.

En este sentido, el artículo 33 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, impone a los proveedores de servicios de pago (entre las que se incluyen cuentas corrientes y de ahorro) la obligación de proponer a los usuarios cualquier modificación de las condiciones contractuales con una antelación no inferior a dos meses, y "de manera clara, individualizada, sin acumularla a otra información o a publicidad, y en papel u otro soporte duradero".

4. Que el consumidor y usuario tenga la facultad de resolver el contrato de modificarse las condiciones del mismo con sustento en los motivos válidos expresamente previstos en él.

A la vista de las consideraciones que hace la Dirección General de Consumo en este informe, los consumidores deben hacer valer sus derechos cuando sufran un incremento en el precio de las comisiones de mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro y/o le endurezcan los requisitos para continuemos exonerados del abono de comisiones. Es importante, por tanto, reclamar a la banca, cuando las condiciones sean abusivas, a ser posible, antes de que entren en vigor las modificaciones contractuales, y exigir el cumplimiento de las condiciones que hasta la fecha venían rigiendo la prestación de servicios.

La adecuada protección de los consumidores igualmente exige de la intervención decidida por parte de los organismos autonómicos con competencias en materia de consumo para frenar los abusos y controlar de manera efectiva el mercado. De ahí que, precisamente, resulte imprescindible poner en conocimiento de tales organismos (mediante la interposición de la correspondiente denuncia administrativa) las modificaciones contractuales que se aparten de la interpretación adoptada por la Dirección General de Consumo en su informe de 15 de enero de 2021. Los responsables de Consumo autonómicos deben realizar inspecciones, abrir expedientes sancionadores, imponer las sanciones que resulten oportunas y adoptar medidas que garanticen la reposición de la situación de los usuarios alterada por la comisión de infracciones.

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Jesús Benítez es abogado y miembro del equipo jurídico de FACUA.