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FACUA.org - España - 30 de abril de 2021

Laudos arbitrales y problemas judiciales

El arbitraje se originó para dotar a los consumidores de un procedimiento eficaz y alternativo al judicial, pero no está exento de obstáculos.

Cada vez son más los consumidores que tratan de acudir a arbitrajes de consumo como una forma alternativa a la judicial para resolver los conflictos que puedan surgir con las empresas. Esto se ha acentuado, además, ante el auge en los últimos años de las compras a través de internet, que se ha visto aún más acrecentado como consecuencia de la pandemia y las restricciones para la movilidad que se han ido imponiendo para la salvaguarda de la salud pública.

Precisamente tal auge, junto con la existencia de páginas web fraudulentas que buscan estafar al consumidor incauto, es el motivo por el que muchas empresas tratan de destacarse exhibiendo determinados “sellos de calidad” o similares (emitidos en su mayoría por entidades privadas). No obstante, en determinadas ocasiones el otorgar tal distinción requiere que el empresario se adhiera al sistema arbitral de consumo, siendo común que tal adhesión se realice a la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

De esta manera, si un consumidor adquiere un bien o servicio y surge algún problema relacionado con ello, podrá tratar de solventar la situación a través de dicho arbitraje. La conclusión del arbitraje vendrá de la mano de la emisión de un laudo que resolverá la cuestión y resultará vinculante y obligatorio para las partes. En caso de incumplimiento del laudo, se podrá iniciar un procedimiento de ejecución judicial como si de una sentencia firme se tratase.

Sin embargo, y aunque el sistema arbitral de consumo se originó para dotar a los consumidores de un procedimiento eficaz y alternativo al judicial, pueden darse circunstancias donde finalmente éste tenga que enfrentarse a auténticos obstáculos judiciales que puedan frustrar la pretendida agilidad y facilidad de dicho sistema.

Ejecución del laudo arbitral

Si un consumidor obtuviese un laudo estimatorio de sus pretensiones, la empresa se vería obligada a tener que cumplir con el mismo. No obstante, en caso de que la empresa no cumpliera con sus obligaciones, el consumidor se vería obligado a iniciar un procedimiento de ejecución judicial del laudo en cuestión.

Para el conocimiento de la ejecución, el artículo 8.4 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje indica que “será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado” el laudo, remitiéndose a tales efectos al apartado 2 del artículo 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esto genera un claro problema para aquellos laudos que hayan sido dictados por la Junta Arbitral Nacional de Consumo, dado que se encuentra situada en Madrid y obligaría a los consumidores a acudir a los Juzgados de la capital para su ejecución, con independencia de que residan en cualquier otra localidad de España.

Esto supone una clara cortapisa que puede llegar a disuadir a los consumidores de ejecutar laudos estimatorios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el usuario puede tener su domicilio a cientos de kilómetros de distancia de Madrid. No sólo perjudica al consumidor, sino que beneficia a la mercantil, que observaría la impunidad de su cumplimiento y, de este modo, podrían fomentarse de forma peligrosa comportamientos contrarios a los derechos de los consumidores.

Además, si la cantidad por la que se despacha ejecución es superior a los 2.000 euros, el consumidor tendrá que interponer la ejecución valiéndose de la intervención de abogado y procurador (tercer párrafo del artículo 539.1 de la LEC), debiendo por tanto no sólo lidiar con una posible larga distancia entre su domicilio y el juzgado encargado de la ejecución, sino debiendo afrontar de antemano los honorarios de tales profesionales con la esperanza de verlos resarcidos en un futuro.

Nulidad de laudo arbitral

Como se ha indicado, el procedimiento arbitral de consumo es una alternativa a la vía judicial, lo que conlleva que un Juzgado no pueda volver a debatir un problema que haya sido resuelto a través de un laudo arbitral. Pese a ello, existen determinados supuestos extraordinarios en los que el Juzgado podría a entrar a valorar la validez del laudo en cuestión. De este modo, algunas de las partes podría iniciar un procedimiento de nulidad si acredita que durante la tramitación del arbitraje ha ocurrido alguno de los siguientes supuestos previstos en el artículo 41.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público”.

Uno de los problemas con los procedimientos de nulidad de laudo arbitral radica, al igual que ocurre con la ejecución del laudo, en que el Juzgado competente es aquel del lugar donde se haya dictado el laudo (artículo 8.5 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje). Sin embargo, las trabas para el consumidor no acabarían ahí. Aunque existe cierta discrepancia sobre ello, lo cierto es que la mayor parte de los operadores jurídicos entienden que el procedimiento de nulidad de laudo requiere siempre de la intervención de abogado y procurador, con independencia de la cuantía del objeto del laudo.

Todo lo expuesto puede llevar a la situación kafkiana de que un profesional inicie un procedimiento de nulidad de laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral Nacional de Consumo, obligando al consumidor, si quiere oponerse a tal solicitud de nulidad, a contar con los servicios de un abogado y procurador para llevar el procedimiento a Madrid aunque tal consumidor radique en una comunidad autónoma diferente, con los costes lógicos que genera.

Pese a todo lo expuesto, lo cierto es que los arbitrajes de consumo son una gran herramienta para que los consumidores puedan ver resarcidos sus derechos y su uso ha de seguir fomentándose como un medio eficaz para tal fin. No obstante, esto no es óbice para que sigamos exigiendo mejorar el sistema arbitral, evitando situaciones como las aludidas que pueden resultar en un grave perjuicio para los intereses de los consumidores y usuarios.

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Alejandro García es abogado y miembro del equipo jurídico de FACUA.