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FACUA.org - Islas Baleares - 22 de julio de 2021

Un Juzgado confirma la sanción de 11.000 euros a Aqualia por suministrar agua no potable a Llucmajor

La Dirección General de Consumo de Baleares multó a la empresa por una infracción de la normativa de protección a los consumidores en el servicio que presta a la zona de Son Bieló, en la localidad mallorquina.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Palma de Mallorca ha confirmado la sanción de 11.000 euros que la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares impuso a la empresa de aguas Aqualia por los episodios de agua no potable en la zona de Son Bieló de la localidad de Llucmajor, a la que abastece de agua.

La jueza ha desestimado así el recurso de la compañía contra una resolución de Consumo que negaba el recurso de alzada que Aqualia presentó contra la primera decisión de la Administración balear de multar a la empresa por las deficiencias en el servicio de aguas.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la Dirección General de Consumo sancionó a Aqualia por una infracción de la normativa de protección a los consumidores en el servicio que presta a Son Bieló, una zona ocupada en su mayoría por una urbanización y que desde el año 2000 venía experimentado episodios de salinización del agua ya que su principal fuente de abastecimiento sufría filtraciones de agua salada.

Ante esta situación, Consumo de Baleares decidió multar a la empresa por suministrar agua "con riesgo para la salud", atribuyéndole un fraude a los consumidores. La empresa recurrió entonces la sanción alegando que el suministro de agua no apta para el consumo se debía a factores externos.

La Administración balear, sin embargo, negó el recurso de alza de Aqualia, ya que ella era la responsable de suministrar, distribuir y facturar a los consumidores, obteniendo un beneficio a costa de la "deficiente calidad del agua". Esto motivó que la empresa acudiera recurriera en tribunales la decisión de Consumo.

Ahora, la jueza ha considerado desestimar las pretensiones de Aqualia y confirmar la sanción de 11.000 euros que le impuso la Dirección General de Consumo balear. En la sentencia, indica que "siendo evidente que el agua en ocasiones no es potable para el consumo humano, siendo que esto constituye un riesgo para la salud de las personas, de los consumidores, siendo que esta situación se prolonga en el tiempo, y siendo que la responsable del abastecimiento del agua en la zona, la que cobra a los usuarios por ese servicio es FCC AQUALIA, es ella la que debe responder, de acuerdo con la normativa de consumidores, por los riesgos que esa prestación del servicio conlleve para los consumidores".

"Aqualia en cuanto responsable del abastecimiento de agua en la zona", finaliza la sentencia, "es la responsable de que dicho abastecimiento se preste de acuerdo con la normativa de consumidores".