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FACUA.org - España - 30 de septiembre de 2021

Entidades sociales registran en el Congreso la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada

Más de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FACUA, han presentado un texto con medidas para acabar con miles de desahucios protegiendo a los más vulnerables y regular los alquileres.

Más de 120 entidades y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra FACUA-Consumidores en Acción, y con el apoyo de algunos partidos políticos, han registrado este jueves 30 de septiembre en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, una ley elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este derecho por parte de los poderes públicos. El texto pretende acabar con miles de desahucios proporcionando más protección a las familias más vulnerables y garantizando el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y accesible con medidas como la regulación de alquileres.

La Ley ha sido elaborada por las principales organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, los sindicatos laborales mayoritarios y un gran abanico de organizaciones sociales, que llevan muchos años trabajando sobre el terreno la problemática de la vivienda ante la falta soluciones y la escasez de recursos por parte de la Administración pública.

La directiva de FACUA, Ángeles Castellano, ha señalado en la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el acto de presentación que "esta ley es imprescindible y urgente. Tener luz, agua y gas en los hogares no puede ser un lujo, es una necesidad básica que queda garantizada con esta ley". "Con la garantía de continuidad de suministro se evitarán cortes de luz por impago sin una evaluación previa. Se acerca el invierno y no queremos volver a ver que haya familias que no puedan encender la luz en sus hogares", ha añadido.

Los graves datos que arroja el grave conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios, que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento, con el resto de la sociedad es lo que ha marcado la creación de la norma. En los primeros 6 meses de 2021 se han producido 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia, confirmando el carácter sistémico de la emergencia habitacional que se sufre en España. Y precisamente, España es uno de los países del mundo en los que las familias destinan mayor proporción de sus ingresos a pagar el alquiler a causa de las desproporcionadas subidas durante los últimos seis años, hecho que ha generado un empobrecimiento sistémico en los hogares inquilinos.

Un paso adelante frente al bloqueo del PSOE

La elaboración y el registro de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda se da frente al inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios. Un compromiso que le permitió aprobar los presupuestos de 2021.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes han señalado que en este momento, y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla (Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG), sólo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías. Por eso, han exigido al PSOE que se ponga también del lado de la ciudadanía y allane el camino para la aprobación de esta Ley, comenzando por agilizar su paso por la Mesa del Congreso y por dar luz verde votando "sí" a su toma en consideración.

El contenido de la ley

La proposición de ley que se ha presentado este jueves se desarrolla en cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos, así como del propio mandato constitucional, para garantizar el derecho a la vivienda y eliminar las trabas que impiden a cientos de miles de ciudadanos el acceso a una vivienda adecuada y digna.

Así, el texto establece el derecho a la vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección y se establecen nuevas garantías judiciales, muy definidas, para evitar el abuso de derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio, lo que ha sido condenado reiteradamente por los Tribunales de Justicia Europeos y el Comité DESC de Naciones Unidas.

En materia de desahucios, la ley prohíbe efectuarlos a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado. Además, obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el mismo. Se prohíben expresamente los desalojamientos con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como la dación en pago. Asimismo, se limita la responsabilidad al bien hipotecado, incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad, y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.

En materia de alquileres, la ley presentada implementa una regulación de estos flexible en base a un índice de mercado, con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. Asimismo, recoge la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, señala el texto, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.

En el ámbito del sinhogarismo, la ley establece el derecho a la vivienda como derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en esta situación.

En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo, la ley prohíbe su venta y fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la Sareb y entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.

Asimismo, el texto recoge la garantía de acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial y desarrolla la participación ciudadana en políticas de vivienda, al igual que aborda el régimen de control y sancionador para desarrollar las diferentes medidas explicadas.

Las entidades y organizaciones de la sociedad civil han señalado que este conjunto de medidas estructurales son necesarias para revertir un modelo anti social de vivienda basado en el trasvase sistemático de dinero público a bolsillos privados, sin generar ningún valor al patrimonio público (la libre especulación) que ha llevado a decenas de miles de personas a perderlo todo ante la inacción de los diferentes gobiernos.