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FACUA.org - Euskadi - 16 de diciembre de 2021

Vodafone rechazó ilegalmente el derecho a cancelar sin coste un alta en 14 días porque instaló la fibra

Tras la actuación de FACUA Euskadi, la empresa ha anulado la deuda de 310 euros que atribuía a la afectada.

Vodafone rechazó ilegalmente el derecho a cancelar sin coste en 14 días el alta solicitada por una usuaria con el argumento de que ya le había instalado la fibra. Tras la actuación de FACUA Euskadi, la operadora ha anulado la deuda de 310 euros que atribuía a la afectada, un importe que había inflado con respecto a la penalización inicial después de que se negase a pagarla.

FACUA advierte a los consumidores de que aplicar cualquier tipo de penalización por el desistimiento de un contrato, camuflada bajo el concepto de "gastos de gestión/instalación", resulta improcedente y abusivo. Así, se trata de una práctica contraria al artículo 82.4.b del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al limitar los derechos del consumidor. Igualmente, vulnera el artículo 86.7 de la misma norma, por limitar sus derechos básicos.

María Mercedes Aparicio tenía contratado el servicio de internet de su vivienda en el municipio vizcaíno de Barakaldo y tres líneas de móvil. En septiembre, un comercial de Vodafone le hizo una oferta por teléfono y "como estaba descontenta con la compañía" que tenía contratada en esa fecha, decidió escucharlo.

La usuaria aceptó la propuesta del vendedor y este le comunicó que en los próximos días iría un técnico a su domicilio para instalar la fibra, el decodificador y el router.

El técnico acudió a la casa de María Mercedes para llevar a cabo la instalación pero, al terminarla, recibió una llamada de su anterior compañía telefónica con una contraoferta. La usuaria tenía de margen hasta las 13 horas del 1 de octubre para ejercer su derecho de desistimiento en plazo.

Desestimiento horas antes de finalizar el plazo

Antes de esa hora, la socia de FACUA Euskadi comunicó a Vodafone su decisión de dar de baja su servicio. No obstante, la anulación se notificó dentro de los 14 días naturales que, según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, tiene de plazo todo consumidor para desistir de una alta solicitada a través del teléfono sin incurrir en ningún tipo de penalización. Aun así, el comercial que la había atendido la amenazó con cobrarle los costes de la instalación, una cifra que podría alcanzar los 200 euros.

Al cabo de seis meses, María Mercedes recibió 3 SMS de Vodafone en los que le reclamaba el pago de 187,26 euros,sin especificar el concepto ni aportarle factura alguna. En ese momento, la usuaria decidió solicitar ayuda a FACUA Euskadi, organización de la que era socia desde hacía "muchos años", para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos.

La organización estudió a fondo la información presentada por María Mercedes y envió una reclamación a Vodafone. En el escrito, el equipo jurídico manifestó que la socia de FACUA Euskadi ejerció su derecho de desistimiento en tiempo y forma. Para reforzar sus argumentos recurrió al artículo 102 del Real Decreto-Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, que dice que "el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste".

De esta forma, FACUA Euskadi solicitó a Vodafone que se abstuviese de requerir la supuesta deuda que la usuaria tenía con ellos. También instó a que retirase cualquier cargo o factura que hubiese emitido y que, en caso de haberla incluido en una lista de morosos, la excluyese de ella.

Denuncia ante el organismo competente

Vodafone no respondió al escrito de FACUA Euskadi. Por lo tanto, la organización decidió enviar a principios de junio una reclamación a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, la cual pertenece a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Economía y Empresa.

A finales de ese mismo mes, Vodafone expresó a este organismo que había realizado dos abonos en la cuenta de María Mercedes, por un total de 310 euros, para anular la deuda que le atribuía. La compañía había decidido inflar su importe con respecto a los 187,26 iniciales sin informar a la usuaria ni explicarle el motivo. Además, ni siquiera le había hecho ese abono, ante lo que FACUA Euskadi formuló una alegación al organismo estatal en la que ratificó lo manifestado en la primera reclamación.

Finalmente, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones ha declarado inexistente la deuda y ha comunicado a la socia FACUA Euskadi que sus datos "han sido excluidos de cualquier fichero de solvencia patrimonial negativa que, en su caso, hubiera sido incluido por Vodafone".