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FACUA.org - España - 25 de febrero de 2022

La ética en el movimiento de consumidores

Permitir que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores puede abrir una peligrosa puerta que ponga en cuestión su legitimidad.

En este artículo trato de transmitir un conjunto de reflexiones, que ya comencé a señalar en 2018 en otro texto publicado en Consumerismo, que pienso que podrían ser relevantes y de interés para el conjunto del movimiento de defensa de los consumidores en los distintos países de mundo.

Para comenzar, quiero dejar muy claro que las organizaciones de consumidores en cualquier país deben garantizar su funcionamiento fundamentalmente a través de las aportaciones provenientes de las cuotas de sus asociados y asociadas de pleno derecho, a las que hay que sumar las subvenciones que cada país tenga establecidas para ayudar al fortalecimiento de dicho movimiento o de agencias de cooperación internacional que, sin lugar a dudas, son ayudas legitimas que contribuyen a fortalecer a las organizaciones de consumidores para equilibrar las enormes desigualdades existentes en el mercado entre productores y distribuidores de productos y servicios y consumidores.

La ley en España abrió la puerta a la financiación de las empresas

Lamentablemente, en España se introdujeron cambios importantes en la legislación de protección de los consumidores y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias -que sustituía a la anterior legislación proveniente de 1984- que establecieron la posibilidad de que las empresas financiaran determinadas actividades de las organizaciones de consumidores, abriendo una peligrosa puerta que podría acabar con la independencia del movimiento de los consumidores.

Para responder a este cambio en la normativa legal, la organización FACUA-Consumidores en Acción, en febrero de 2007, aprobó en su asamblea general un documento denominado Un compromiso ético para la defensa de los consumidores y usuarios. La finalidad era dar una respuesta clara a los diversos cambios que se habían introducido en el citado texto legal, por entender que si las empresas financian actividades de las organizaciones de consumidores se abriría una peligrosa puerta por la que FACUA no entrará jamás.

Desde FACUA se entendió que el artículo 27 del citado Texto Refundido desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a operadores del mercado, al considerar que "no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen -por las empresas a las asociaciones de consumidores- en las condiciones de transparencia establecida en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo".

Así, se consideró que, dada la práctica imposibilidad de controlar estas ayudas económicas, se abrió la posibilidad legal de que las empresas y grupos empresariales pudieran influir económicamente y lograr de manera más clara que las asociaciones de consumidores dejaran de criticar los abusos que cometieran dichas empresas, e inlcuso defender sus intereses o realizar ataques críticos a otras empresas de la competencia de las financiadoras.

Ante este hecho provocado por el cambio normativo, fue necesario reafirmar que un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus asociados y de las ayudas y subvenciones legales que los poderes públicos deben aportar en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 51 de la Constitución Española.

Abrir las puertas a las ayudas del sector empresarial y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación de las organizaciones de consumidores, aunque sea con las "garantías" establecidas en la Ley, supone a medio y largo plazo debilitarlas aún más, restarles capacidad de influencia e intervención en el mercado y anular su carácter de independencia y la credibilidad del movimiento frente a los ciudadanos. ¿Qué garantía de objetividad tendría un estudio comparativo pagado por una determinada empresa o asociación empresarial, sobre todo si sus productos forman parte del estudio?.

Desde esta perspectiva ética, la organización FACUA considera que la vinculación con los operadores económicos entraña un evidente riesgo de desnaturalización de la actividad de las asociaciones de consumidores y de una actuación no conforme con sus fines exclusivos de protección de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios, e incluso representa el riesgo de que puedan ser utilizadas para la competencia desleal entre distintas empresas.

El Código Ético de FACUA

Por esta causa, la asociación aprobó un Código Ético formado por diez puntos que, tras su aprobación por la Asamblea General, son de obligado cumplimiento por el conjunto de las organizaciones que integran FACUA, a la vez que deben asumir el compromiso de trabajo por una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Los diez puntos dicen lo siguiente:

1. Todas las organizaciones de consumidores pertenecientes a FACUA participarán en sus actividades y apoyarán su acción en defensa de una sociedad más justa y equitativa.

2. Su régimen de actuación interna y la toma de sus decisiones corresponderán a un funcionamiento democrático, plural y participativo y se someterán a las normas que regulan el derecho de asociación y al régimen jurídico vigente.

3. Mantendrán absoluta independencia ante organismos e instituciones públicas, partidos políticos, sectores empresariales, sindicatos y otros agentes sociales y económicos, en sus actuaciones de defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios y de sus derechos. Esta independencia no supondrá en ningún caso una renuncia al fomento del diálogo y la concertación con estos agentes que debe representar un pilar básico de su acción consumerista.

4. Fomentarán la afiliación entre los ciudadanos a su organización como vía para el fomento de la autoorganización de los propios consumidores y como garante de la autofinanciación de sus gastos corrientes con el fin de conseguir una auténtica independencia en sus actuaciones en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Su financiación provendrá de cuotas de sus asociados y de las subvenciones públicas, así como de los distintos servicios que puedan prestar a los consumidores y usuarios.

5. Fomentarán la concertación con los sectores empresariales para la resolución de los conflictos y la mejora del mercado en beneficio de los consumidores y usuarios, sin recibir ayudas económicas por parte de empresas o agrupaciones empresariales.

6. La igualdad es un principio fundamental en la concepción, objetivos y comportamiento de FACUA por lo que no discriminarán a ninguna persona por razones de sexo, orientación sexual, ideología, creencia religiosa o bajo cualquier prejuicio racista, xenófobo o étnico.

7. Sus actividades se basarán en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, garantizando el funcionamiento de un local social, en el que atenderán consultas y reclamaciones, denunciando públicamente y con rigor las actitudes abusivas o fraudulentas en el mercado.

8. Fomentarán pautas de consumo responsable y sostenible, formando consumidores conocedores de sus derechos, respetuosos con el medio ambiente y críticos con las empresas que atenten contra estos preceptos.

9. Reclamarán a las administraciones públicas su reconocimiento como agentes económicos y sociales para lograr un mayor grado de legitimación en su intervención en el mercado, y defenderán su derecho a ser oídas en todas aquellas materias que afecten a los consumidores y usuarios, a través de los trámites de audiencia y a través de la participación institucional.

10. Apoyarán a FACUA en materia de cooperación internacional y denunciarán los abusos y fraudes que se produzcan por parte de las empresas españolas y del resto de la Unión Europea que operen en otros países con menores niveles de protección a los consumidores y usuarios. Igualmente fomentarán la defensa de los inmigrantes para garantizar el pleno reconocimiento de sus derechos, facilitando su integración en la sociedad.

Complementando los diez principios establecidos en nuestro Código Ético, FACUA también aprobó los criterios que deben regular las relaciones de nuestra organización con las empresas y organizaciones empresariales.

Para complementar esta posición ética, la organización de consumidores consideró necesario en abril de 2016 dar por finalizados los acuerdos o convenios de colaboración que hasta dicha fecha mantenía con diversos sectores empresariales, empresas y colegios profesionales. A partir de entonces se decidió no mantener ni suscribir nuevos acuerdos de esa naturaleza hasta que se produjeran cambios profundos en las posiciones de dichos sectores empresariales y profesionales, que en buena parte de la ocasiones habían utilizados los acuerdos para hacerse publicidad ante sus clientes y no para mejorar su conducta en la prestación de servicios y en la soluciones de las reclamaciones de las consumidores.

Con este acuerdo se produjo una respuesta y un cambio de táctica en FACUA en relación con estos sectores que se mantendrá en el futuro, salvo que un cambio radical en su actitud, ya sea en su conjunto o en algunas empresas en particular, que nos lleven a concretar acuerdos específicos y puntuales. Este cambio de táctica, sin embargo, no impide ni merma la apuesta por el diálogo, la negociación y la concertación con los sectores empresariales y profesionales, siempre que su finalidad fuera en beneficio de los consumidores y de la solución de sus reclamaciones.

En el caso de empresas municipales o de otros ámbitos territoriales -provincial, autonómico o estatal- creadas por las administraciones correspondientes para facilitar la gestión administrativa para la prestación de los servicios a los ciudadanos que sean de su propia titularidad -suministro de agua, transportes públicos, vivienda protegida, recogidas de basuras, limpieza viaria, etc.,- se entenderá que los acuerdos suscritos con ellas serán considerados como firmados con las propias administraciones públicas. Por tanto, las actividades a desarrollar con las citadas empresas o la financiación de los gastos derivados de los programas conjuntos tendrán el mismo tratamiento que el que tienen las subvenciones recibidas por organismos y entidades de carácter administrativo, en base a lo establecido en nuestra Constitución o en la Ley de Régimen Local.

Las incompatibilidades que asumen los cargos directivos de FACUA

Tras establecer su Código Ético y los criterios para regular las relaciones de FACUA y sus organizaciones territoriales con las empresas y organizaciones empresariales, se entendió necesario regular también los criterios que deberían regir para fijar las incompatibilidades que afectaban a los cargos directivos del conjunto de la organización.

Para ello, y para implementar criterios éticos en el funcionamiento interno de la organización y en sus relaciones con la sociedad, el día 6 de abril de 2013 la Asamblea General de FACUA aprobó un nuevo protocolo que establece las incompatibilidades de los cargos directivos y de sus organizaciones territoriales, en relación a cargos públicos, partidos políticos, empresas, etc.

En base al punto tercero de la Declaración de Principios aprobada en 2007, y con el fin de garantizar de manera más activa nuestra independencia, se establece que los cargos directivos y/o de responsabilidad de FACUA y de sus organizaciones territoriales no podrán asumir las siguientes responsabilidades:

1. Ostentar cargo público electo en ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos y central y parlamentos y Senado.

2. Ostentar cargo de máxima dirección en partidos políticos en el ámbito estatal, autonómico, provincial y local.

3. Ostentar cargo directivo o de responsabilidad en otra organización de consumidores.

4. Ostentar cargos de dirección en organizaciones empresariales de ámbito estatal, autonómico, provincial o local.

5. Ostentar otros cargos que provoquen o puedan provocar conflicto de intereses con los que ostente en la organización de consumidores.

Complementando este acuerdo, se establece también que los directivos de otras organizaciones de consumidores no podrán ser socios de FACUA ni de sus organizaciones territoriales.

Los niveles de incompatibilidades en los casos de cargos de dirección en partidos u organizaciones empresariales podrán ser modulados en función de la importancia o relevancia de la organización o del cargo de que se trate, así como de su ámbito territorial.

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Paco Sánchez Legrán es presidente de la Fundación FACUA.