El Defensor del Pueblo Andaluz (DPA), ante las numerosas quejas presentadas por FACUA Sevilla, ha remitido un escrito al Departamento de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía pidiéndole que agilice la resolución de las centenares de quejas presentadas por usuarios sevillanos contra las eléctricas.

La asociación lleva meses informando al DPA de la demora que existe en este organismo dependiente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla a la hora de dictar la resolución de expedientes, provocando un retraso, en algún caso incluso de años, y provocando un notable perjuicio a los afectados.

En el escrito remitido a la Junta, el Defensor del Pueblo Andaluz hace alusión a tres casos concretos, uno de junio de 2017, otro de diciembre de 2019 y otro de mayo de 2021, de los cuáles ha tenido conocimiento a través de FACUA Sevilla.

Esta institución advierte de que la falta de adopción de medidas de suspensión de cobro y de corte de suministro de las facturas reclamadas "colocan a la ciudadanía en situación de desprotección". Asimismo, considera que estos retrasos en las reclamaciones de anomalía eléctrica en la provincia de Sevilla "no es una situación puntual", sino que se trata "de un problema estructural que debe ser solventado para evitar perjuicios a la ciudadanía".

El DPA también ha mostrado su preocupación por la falta de acceso a información relativa al estado de tramitación del expediente por parte de la persona reclamante, y pone de manifiesto las "numerosas quejas recibidas" ante las dificultades que tienen para conocer las medidas adoptadas por la administración.

Más de un millar de reclamaciones en menos de un año

La mayoría de las reclamaciones de los sevillanos a las compañías eléctricas están relacionadas con facturas elevadísimas tras acusarles, sin pruebas, de haber manipulado su equipo de medida. Entre el 1 de enero y el 29 de noviembre del pasado año, los usuarios de Sevilla presentaron un total 1.183 reclamaciones ante la Junta. A ello se suman las decenas de expedientes de años anteriores aún en tramitación.

Las comunicaciones recibidas por parte de los usuarios hacen referencia a inspecciones realizadas hace más de un año respecto de la fecha de notificación de apertura de expediente, quedando especialmente afectado el correcto ejercicio del derecho de defensa por parte de los consumidores afectados y, en particular, cuando ya se ha procedido a la sustitución del equipo de medida.

Además, se les exige el pago de las cantidades debidas con amenazas de corte de suministro en caso de no abonarlas. La mayoría de las personas insisten en su falta de responsabilidad personal sobre los hechos y alegan que su deber de custodia no puede alcanzar a equipos que se encuentran fuera de su vivienda y accesibles a terceros.

En su resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), donde se recoge la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido.

También hace referencia al artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución: "La Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación deprocedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico".