La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, ha solicitado a la Administración Regional que se articulen mecanismos legales para que las empresas públicas o quienes tienen contrato con ellas y/o prestan servicios públicos destinados a los consumidores se adhieran de forma obligatoria al Sistema Arbitral de Consumo.
 
El Sistema Arbitral de Consumo representa un mecanismo ágil y económico para resolver las reclamaciones de los usuarios cuya eficacia depende de su implantación entre las empresas que comercializan bienes o  prestan servicios.
 
El actual ordenamiento jurídico en materia de consumo hace posible que el consumidor se encuentre indefenso si la empresa reclamada por aquel no acepta ningún tipo de mediación para solucionar dicha reclamación. En estos casos, al consumidor solamente le queda la vía judicial, que en muchas ocasiones es larga en su resolución y excesivamente gravosa, económicamente hablando, en la mayoría de los casos en los que el importe reclamado está muy por debajo de los gastos del procedimiento, por lo que se convierte en una vía absolutamente ineficaz y disuasoria. Ante esta situación, un Sistema Arbitral de Consumo bien implantado y consolidado es una respuesta a la indefensión del consumidor.
 
Por  ello, y con el fin de avanzar en las garantías que este sistema de arbitraje debe ofrecer a las partes en litigio, Consumur ha solicitado a la Administración Regional que ponga en marcha tres medidas, tanto en las Administraciones Autónomas como en las locales:
 
La primera consiste en la inclusión, dentro de las bases reguladoras de conciertos, concesiones administrativas, subvenciones y demás modalidades de ayuda que conceda cualquier administración, del criterio adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de las empresas beneficiarias como elemento de valoración de las propuestas.
 
La segunda implica la adhesión obligatoria al sistema arbitral de consumo de todas aquellas empresas o entidades que reciban financiación pública o mantienen contratos para la prestación de servicios destinados a los consumidores o usuarios. Un ejemplo de este caso se encontraría en todas aquellas empresas privadas (o mixtas) que gestionan los servicios municipales de agua. Otro caso, implicaría a las residencias que gestionan plazas concertadas de personas mayores o de discapacitados, sin que sean expuestos de modo limitativo dichos ejemplos.
 
La tercera medida propuesta por Consumur conlleva la adhesión al sistema arbitral de consumo de las empresas públicas prestadoras de servicios destinados a los consumidores o usuarios.
 
A juicio de Roberto Barceló, Presidente de Consumur, "estas propuestas contribuirán a reforzar los derechos de los consumidores y usuarios y a evitar una indefensión jurídica que se produce en el ámbito de los servicios públicos".