El 23 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autoriza la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank. La fusión se produce entre la tercera y cuarta entidad bancaria del país por cuota de mercado y supone una significativa y peligrosa concentración de los servicios bancarios en el ámbito de la banca minorista, implicando una amenaza real para los derechos y garantías de los consumidores y para la competencia efectiva en dicho sector. La propia CNMC ha puesto condiciones, aunque de carácter temporal, para el desarrollo de la actividad de la entidad resultante con el objeto de minorar los riesgos de exclusión financiera y de empeoramiento de las condiciones en la prestación de los servicios a los clientes.

La CNMC identifica de forma clara municipios y zonas en los que la entidad fusionada ejercerá una situación de monopolio o de duopolio y en los que habrá “escasa presión competitiva” y confirma que existe riesgo de exclusión financiera en aquellos lugares donde estén presentes únicamente La Caixa y Bankia. Reconoce la posibilidad de cierre de oficinas bancarias tras la fusión, con la dificultad en el acceso a los servicios que representa para los consumidores y, asimismo, reconoce que en aquellos entornos en los que no existe suficiente competencia por parte de terceros operadores, podría producirse un empeoramiento en las condiciones comerciales para los actuales clientes. También aprecia riesgo en el ámbito de los servicios de cajeros automáticos, pudiendo suponer peores condiciones de acceso y uso de los mismos para clientes de terceras entidades que tenían suscrito acuerdos con Bankia.

Según el informe del Banco de España Concentración y competencia bancarias en España: el impacto de la crisis y la reestructuración, publicado por este organismo en junio de 2018, el número de entidades de crédito se había reducido enun 43% entre 2008 y 2016, porcentaje muy superior a la media ponderada (25%) que presentaron los países de la eurozona.

En 2016 las cinco mayores entidades acaparaban el 61,8% del mercado, evidenciando el ente regulador en su informe la "potencial preocupación" por los posibles efectos que la concentración del mercado bancario pudiera generar sobre los niveles de competencia. En 2019, la cuota conjunta de las cinco mayores entidades de España (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco de Sabadell) superó el 67% del mercado.

A la operación de concentración económica derivada de la fusión por absorción de Bankia por parte de CaixaBank, le pueden seguir la de otras entidades que ya vienen anunciando intenciones como BBVA, Sabadell, Santander, Liberbank y Unicaja.

El acaparamiento de poder y recursos en pocas manos de los últimos tiempos en el sector bancario se ha desarrollado en paralelo al endurecimiento de las condiciones contractuales de los servicios que prestan a los consumidores, a la imposición de gravosas comisiones bancarias, al empeoramiento de la calidad y las limitaciones y barreras de acceso a los servicios, al ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos vulnerables, al avance de la exclusión financiera, a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la banca y los despidos masivos y al cierre de miles de oficinas en toda España.

Este proceso de concentración bancaria se produce además en un marco de escaso control del Banco de España, la CNMC y las autoridades de protección del consumidor sobre la actividad de la banca minorista en sus relaciones con los consumidores y supone autorizar en la práctica la existencia de un oligopolio económico-financiero que desarrollará un control directo e indirecto, no solo de los servicios bancarios sino sobre el conjunto de la actividad economía del país y fundamentalmente en relación con bienes y servicios esenciales. Implica validar posiciones de fuerza tales que conllevará la imposición unilateral de condiciones en la contratación y sin alternativa posible y en un contexto caracterizado por el desarrollo de prácticas poco éticas, ilegales y abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, únicamente respondidas y cuestionadas por los Tribunales de Justicia.

El avance en la oligopolización del sector bancario implica un mayor desequilibrio de fuerzas, nula capacidad de negociación e imposición de condiciones en el acceso a la financiación, incrementando la vinculación y la obligatoriedad de contratación de bienes y productos accesorios y el encarecimiento de los servicios y de la gestión de las cuentas de millones de usuarios, con un incremento de la vulnerabilidad de muchos colectivos. Se produce una involución en los derechos y garantías del consumidor, que pasa de la figura de cliente bancario a la de rehén del banco.

La reducción del número de entidades bancarias en competencia y la ausencia de una banca pública generarán mayor exclusión financiera y propiciará una menor diversificación de inversión en sectores e individuos, disminuyendo las posibilidades de acceso a servicios y de elección de los usuarios, desequilibrando aún más las posiciones en las relaciones de consumo.

No hay duda, por tanto, de que el avance en el proceso de concentración del sector bancario español entraña importante daños y desequilibrios en la adecuada protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

Por ello, resulta escandalosa la operación de absorción y privatización de Bankia por Caixabank, en una operación autorizada por la CNMC sin exigir la devolución de los miles de millones de euros de dinero público inyectados para su rescate, sin garantizar la adecuada protección de los consumidores y usuarios y sin poner límites a los sueldos de los directivos ni a los despidos de trabajadores, entre otros elementos gravosos y perjudiciales de dicha operación que sufriremos todos para gloria de accionistas y directivos.

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Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.

*La foto de portada es de Europa Press.