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El TSJA falla a favor de hacer público el expediente que sancionó a Endesa por sobrefacturar la luz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en la que exigía a la Junta facilitar información sobre un expediente abierto contra Endesa en el que le impuso una multa de 1,6 millones de euros por sobrefacturar la luz a más de 400.000 usuarios con un cambio de potencia que no era aplicable.

La compañía subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al que le obligaba el Gobierno, que entró en vigor en 2006. Con esta modificación al alza en la potencia contratada, incrementó automáticamente lo que cobraba por el término fijo en la factura de la luz de forma generalizada en Andalucía.

Endesa interpuso un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia ante el Juzgado Contencioso-administrativo, que fue desestimado en primera instancia y cuya sentencia, tras mostrar de nuevo la eléctrica su desacuerdo, fue apelada ante el TSJA. Este tribunal también ha acabado fallando a favor del Consejo de la Transparencia, según ha informado el organismo en una nota.

El Alto Tribunal invalida los argumentos defendidos por Endesa para negar el acceso a la información al asegurar que la información no afecta a los intereses económicos y comerciales de la empresa ni tampoco vulnera el derecho a la protección de datos personales.

El TSJA respalda el dictamen del Consejo que falló a favor de la publicidad de esta información por ser de marcado interés público y prevalecer el derecho a su acceso sobre "los datos personales pretendidamente afectados".

Los datos referentes al correcto funcionamiento de este servicio son "de incuestionable relevancia pública", subraya el órgano de control andaluz, para añadir que "la ciudadanía tiene un evidente interés en conocer el grado de diligencia y eficacia de la Administración en la detección y, en su caso, sanción de las posibles irregularidades".

El Consejo de Transparencia defendió "la innegable trascendencia social que tiene la información relativa al adecuado suministro de energía".

Un ciudadano solicitó el acceso a un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Industria a Endesa con motivo del cambio del término de potencia de forma generalizada que llevó a cabo la compañía a suministros en baja tensión en las ochos provincias de Andalucía.

Industria inicialmente acordó conceder el acceso parcial a la información solicitada, si bien la compañía se opuso a que se proporcionara la citada documentación, hecho que motivo el inicio de la judicialización.

El TSJA ha condenado además a Endesa al pago de las costas, tasadas en unos 800 euros. La compañía puede ahora elevar un recurso de casación contra este fallo.

Nueves años de reclamaciones

El ciudadano que solicitó el acceso al expediente sancionador, un ingeniero jubilado sevillano, inició su reclamación en 2011, después de que calculara que el beneficio que había obtenido Endesa con dicha sobrefacturación era de unos 400 millones de euros.

Según considera este ingeniero, la multa impuesta a Endesa -de 1,6 millones de euros- era demasiado baja. A su entender, debería haberse sancionado a la eléctrica con 800 millones de euros, el 10% de la facturación de la empresa en Andalucía, tal y como establece la legislación. Así, denuncia que ha existido un "cúmulo de irregularidades" muy graves, y que la Junta "miró hacia otro lado" para reducir la cuantía de la sanción.

FACUA Andalucía, por su parte, criticó la la cuantía de la multa, que consideraba ridícula. La federación, además, también consideró lamentable que la Junta de Andalucía no obligara a Endesa a devolver el dinero que había defraudado a todos los usuarios.

En total, el reclamante tuvo que presentar hasta seis reclamaciones -que fueron rechazadas o ignoradas por la Administración- antes de que el Consejo de Transparencia y el TSJA le hayan dado la razón en sus intentos porque se haga pública toda la documentación de dicha sanción.

En 1994, este ingeniero sevillano ya había ganado otra batalla a Endesa en tribunales después de que la empresa quisiera cerrar por "intromisión en su honor" una web en la que se iban publicando todas sus irregularidades. Ese año fue despedido de la empresa donde trabajaba -dedicada a la fabricación de contadores de luz- acusado de robo de documentos, aunque él asegura que se negó "a participar en un soborno y a seguir perpetuando una estafa". Desde entonces, ha destapado numerosos fraudes.

Fraude en el cambio de tensión

Este fraude masivo de Endesa tiene su origen en un cambio de tensión que se dio en toda la red. Este cambio se produjo en 2003 (un año después de la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en el BOE, en 2002), pero no fue hasta 2006 cuando se publicó la tabla oficial de potencias normalizadas para todos los suministros de baja tensión –es decir, domésticos- (Resolución de 8 de septiembre de 2006). Es en ese momento cuando quedó fijado por ley qué potencia contratada se correspondía con cada tensión. Esto obligaba a las compañías eléctricas distribuidoras a revisar al alza la potencia contratada de sus clientes. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que este aumento se repercutiese a los consumidores y para evitarlo el Gobierno ofreció a las eléctricas un coeficiente corrector que evitaba el incremento en la factura de la luz.

Sin embargo, Endesa no lo aplicó, y por lo tanto, a cientos de miles de usuarios se les modificó la potencia contratada y desde entonces han venido pagando más cara la electricidad en sus hogares.

Todos los usuarios que tuviesen contratada la electricidad con Endesa Distribución antes de 2003, no hayan solicitado un cambio en la potencia contratada y sin embargo se les haya hecho sin que se les haya aplicado el coeficiente corrector en la factura, pueden estar afectados por este fraude de Endesa.