El consumidor y la intermediación inmobiliaria

Introducción
Edita: FACUA Andalucía
Fecha: 2008
Formato: 150 x 210 mm.
Páginas: 12
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El contrato de mediación o corretaje es un contrato atípico en el Derecho español. Aunque tenga similitud o analogía con el de comisión, con el de mandato e incluso con el de prestación de servicios, nunca responderá a una combinación formada con los elementos a dichas figuras contractuales típicas.

Pero a pesar de ello su enorme práctica comercial y la importancia que ha adquirido en dicha área, hace preciso que se fijen las normas por las que se ha de regir su nacimiento, desarrollo y producción de efectos. En el contrato de mediación o corretaje el mediador no ha de limitarse sólo a poner en relación a los futuros comprador y vendedor de un objeto determinado, ya que tal actividad ha de desplegarse en lograr el cumplimiento del contrato final.

La relación jurídica entre el cliente y el mediador no surge exclusivamente de un negocio contractual de mediación, pues las obligaciones y derechos exigen además el hecho de que el intermediario contribuya eficazmente a que las partes concluyan el negocio.

Por otro lado es fundamental la correcta atención al consumidor y la confianza que se genera en éste por parte del mediador. Por tanto, si el consumidor sufre desatención, presión, falta de información, actitudes abusivas que lleguen al punto de generar desconfianza, podrían facultarle a revocar el mandato. Las cantidades entregadas como señal generan también problemas de interpretación y por tanto hay que destacar que las arras o señal es una cláusula accesoria de un contrato principal, generalmente una compraventa, que en el derecho moderno responde a una de estas tres clases:

· Confirmatorias. Son las dirigidas a reforzar la existencia del contrato, constituyendo una señal o prueba de su celebración, o bien representando un principio de ejecución.
· Penales. Su finalidad es la de establecer una garantía del cumplimiento del contrato mediante su pérdida o devolución doblada, en caso de incumplimiento.
· Penitenciales. Son un medio lícito de desistir las partes del contrato mediante la pérdida o restitución doblada.

En el ámbito del alquiler resulta interesante mencionar las Agencias de Fomento del Alquiler, que son aquellas personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, cuya actividad principal o complementaria sea la intermediación inmobiliaria. Deben reunir los requisitos que se establecen en el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, así como ser homologadas por la consejería competente en materia de vivienda, e inscritas en el Registro Público de Agencias de Alquiler.

Entre las obligaciones y funciones de las Agencias de Fomento del Alquiler se encuentran la de prestar asesoramiento y mediación profesional durante toda la duración del contrato, incluir en los contratos de arrendamiento una cláusula de sometimiento a la Junta Arbitral de Vivienda (aún no creada), tener las hojas de reclamaciones, así como ostentar permanentemente, en lugar visible, un cartel acreditativo de su homologación por la consejería competente.

Las Agencias de Fomento del Alquiler cobrarán por la intermediación una comisión equivalente al 7% de la renta anual.

La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo en Andalucía establece que el Consejo de Gobierno creará las Juntas Arbitrales de Vivienda como órgano especializado para la resolución, como mínimo, de las controversias que surjan en el cumplimiento de los contratos de arrendamiento.
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