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Móviles y salud

Algunos datos que los consumidores deben conocer.

FACUA.org - 22 - junio de 2001
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¿Qué hacen los gobiernos?

"Es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos", indica la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999. Pero la cuestión es: ¿son suficientes las medidas que han adoptado o pretenden adoptar los países miembros de la UE para proteger a los consumidores de las radiofrecuencias?

En España, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó a finales de septiembre de 2001 un Real Decreto que establece unos límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, según expresa, "basados en la evidencia científica disponible hasta la fecha, recogida en las conclusiones de la Icnirp, de Cenelec y en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos".

Así, este texto se limita a convertir en obligatorios los límites de exposición a emisiones radioeléctricas fijados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, que supuestamente y según señalaba ya el propio Proyecto de Real Decreto, "vienen cumpliendo ya en la práctica de manera general los operadores de telefonía móvil". Límites que vienen siendo discutidos por algunos científicos. De hecho los gobiernos de dos países europeos, Suiza e Italia, han adoptado valores inferiores a los recomendados por la Icnirp, decisión que también han tomado Rusia, China y Nueva Zelanda. Concretamente, en Rusia, donde se descubrió por primera vez hace treinta años la sensibilidad de los organismos vivos a la radiación de microondas de intensidad ultrabaja, las directrices de exposición (aplicadas sólo en la teoría, no en la práctica) son 100 veces más estrictas que las de la Icnirp.

Y límites que, además, sólo tienen en cuenta los efectos térmicos de las radiofrecuencias y no los discutidos efectos atérmicos.

El Real Decreto español tampoco toma medidas para reducir el cada vez mayor número de antenas que pueblan las ciudades, como podría ser la obligación de compartir emplazamiento por parte de diferentes operadoras con objeto de concentrar las estaciones base de telefonía móvil. También podría haber limitado el número de operadores con cobertura propia y establecer criterios para la utilización de las redes del operador dominante o de otras compañías. Lamentablemente, no ha sido así.

La norma española establece que los titulares de licencias individuales que prestan el servicio de telefonía móvil deberán remitir anualmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología un informe relativo al cumplimiento por sus instalaciones de lo establecido en dicha norma.

Asimismo se plantea como requisito previo a la utilización del dominio público radioeléctrico la inspección o reconocimiento satisfactorio de las instalaciones por los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada o de la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen, podrá sustituirse la inspección previa por una certificación técnica expedida por un técnico competente en materia de telecomunicaciones que acredite que los niveles de emisión de la instalación, para el caso más desfavorable, sobre los lugares donde permanezcan habitualmente personas, no superan los valores máximos establecidos en el Real Decreto.

Dentro de España, numerosos municipios y también comunidades autónomas como Cataluña y Castilla-La Mancha han aprobado reglamentaciones propias de su ámbito territorial. Normas que no siempre están siendo bien acogidas por todos los sectores pero que en el caso de un buen número de ayuntamientos están prohibiendo la instalación de antenas repetidoras de telefonía móvil en las zonas urbanas de sus municipios (algunos han llegado a establecer distancias mínimas de 650 metros) además de obligar a desmantelar las ya existentes.

La Unión Europea reconoció en su Recomendación de 1999 que para conseguir que se comprendan mejor los riesgos y la protección contra la exposición a campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían proporcionar al ciudadano información en un formato adecuado sobre los efectos de los campos electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente, algo que en España, ha venido siendo durante años completamente ignorado por las Autoridades, que, como en tantos otros casos, han optado por la desinformación de los ciudadanos.

El Gobierno británico ha obligado a los fabricantes de teléfonos móviles a incluir en sus aparatos un prospecto que advierte de los riesgos que podría implicar el uso de estos dispositivos, especialmente para los niños.

Por su parte, el Gobierno estadounidense obliga desde septiembre de 2000 a los fabricantes de teléfonos móviles a especificar la potencia de las radiaciones que emiten y la cantidad de éstas que puede penetrar en el cerebro. Algo que también será obligatorio en España.

Al igual que el Informe Steward, elaborado a instancias del Gobierno británico, un informe francés presentado en enero de 2001 bajo el título Los teléfonos móviles, sus estaciones base y la salud, elaborado por un grupo de siete expertos multidisciplinarios constituido por la Dirección General de Salud del Ministerio de Empleo y Solidaridad de Francia, se sitúa en el principio de precaución como forma correcta de actuación a pesar de concluir que no es posible afirmar en la actualidad que la telefonía móvil suponga riesgos para la salud.

El estudio, elaborado a partir del análisis de numerosas investigaciones realizadas en todo el mundo, se posiciona sobre las estaciones base explicando que la exposición a campos electromagnéticos que tiene lugar debido a las antenas es insignificante comparada con la exposición que producen los teléfonos móviles, incluso si se compara ésta con la exposición de los vecinos más cercanos a una estación base en las condiciones de emisión más desfavorables.

El informe, que advierte que las antenas que se emplazan en los techos de los edificios influyen poco o nada en el área que se sitúa inmediatamente debajo de ellas, indica que los edificios como hospitales y escuelas que se encuentren a menos de cien metros de una antena emisora no deberían situarse en su ángulo de emisión.

El establecimiento de distancias mínimas con respecto a colegios y hospitales para la instalación de antenas, que viene siendo recogido por diferentes normativas y recomendaciones científicas, es otro tema también controvertido. Y es que, si se plantea alejar las antenas de zonas donde hay niños por su mayor sensibilidad a los posibles efectos de las radiofrecuencias, ¿no es evidente que los niños también viven en edificios? Por ello, ¿no es más sensato extremar el principio de precaución alejando las antenas de las zonas urbanas?