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FACUA.org - Cádiz - 2 de junio de 2017

EN SANLúCAR DE BARRAMEDA
FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la concentración contra el CETA este sábado 3 de junio

La asociación advierte de que con la excusa de alcanzar una zona común de libre comercio, el tratado pretende eliminar la protección de los derechos de los consumidores y mermar los derechos de la ciudadanía.

FACUA Cádiz llama a la ciudadanía de toda la provincia a participar en las movilizaciones convocadas contra el CETA para este sábado 3 de junio por la Plataforma Provincial de Cádiz contra el TTIP, de la que la organización de consumidores forma parte. Los actos tendrán lugar en la Plaza del Cabildo de la localidad de Sanlúcar de Barrameda, a las 12:00 horas.

La asociación, vuelve a mostrar su más profundo rechazo al CETA, un tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014 y que ahora, tras ser aprobado por los miembros de la UE, debe ser ratificado por el parlamento español.

El CETA pretende con la excusa de eliminar aranceles una rebaja sin precedentes en las exigencias legales para los productos comercializados y por lo tanto, una pérdida en los estándares de calidad, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de la ciudadanía, suponiendo en la práctica una merma en la soberanía popular.

FACUA Cádiz insiste en que no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.

La asociación considera escandaloso que las partes que han negociado el CETA, esto es, la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá, valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Desregulación, pollos bañados en cloro, carnes hormonadas, etc.

Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en otras regiones del mundo, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA Cádiz.

Así, si el CETA sale adelante, se permitirá limpiar el pollo o la ternera en cloro antes de ponerlos a la venta, con el consiguiente riesgo para la salud. También se permitiría el uso de hormonas de crecimiento en animales para consumo humano (cerdo, ternera, etc) que actualmente están prohibidas en la UE. Además, se abriría la veda en el uso de Organismos Genéticamente Modificados, los llamados transgénicos, en los productos agrícolas que provocan una alteración de todo el ecosistema en el que interactúan.

Otro ejemplo de lo que puede cambiar con el CETA es la limitación que se impondría a los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales, de género, etc en las licitaciones de prestaciones de servicios públicos. Estas licitaciones pasarían a regirse por criterios únicamente economicistas, que no contemplen otros aspectos a tener en cuenta como los mencionados anteriormente. No se podría fomentar tampoco el desarrollo local favoreciendo a pequeñas empresas o cooperativas locales tampoco, dado que estas tendrían que competir directamente con las multinacionales que por su volumen pueden ofrecer precios más bajos.

Además, el CETA contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, con jueces privados ajenos a los poderes judiciales nacionales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes multinacionales tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarán a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire. Estos sistemas de arbitraje permitirán a las empresas evitar los tribunales ordinarios de cada país.