FACUA Andalucía critica las vergonzantes multas de la Dirección General de Consumo por fraudes a los consumidores tras analizar los datos que ha forzado a publicar al organismo de la Consejería de Salud.

En 2017 se dictaron 1.789 resoluciones sancionadoras firmes por vulnerar la normativa de protección al consumidor, de las que 1.755 supusieron multas y 34 amonestaciones. El importe de las multas representó sólo 1.330 euros de media y sólo cincuenta y seis sanciones superaron los 5.000 euros. Son algunos de los datos que arroja el análisis realizado por FACUA Andalucía sobre la información que ha hecho públicos la Junta, en los que aparecen incluso numerosas multas de 0 euros ante infracciones cometidas por grandes empresas.

"Los datos vuelven a poner de manifiesto que la orientación política del Gobierno andaluz es proteger a los grandes defraudadores en lugar de a los consumidores", denuncia el secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su organización a nivel estatal, Rubén Sánchez. "Algo que ponen de manifiesto tanto los escasos medios técnicos y humanos de los que dispone la autoridad de protección al consumidor como el reducido número de sanciones aplicadas a grandes empresas que cometen fraudes masivos con los consumidores y la ridícula cuantía de las mismas".

El montante total de las multas resueltas en firme el año pasado por la Junta fue de 2.334.593,31 euros. Una cifra que contrasta con los beneficios multimillonarios que reportan a muchas empresas los fraudes que cometen habitualmente contra los consumidores. FACUA Andalucía considera desastrosa la gestión política en materia de protección al consumidor y reclama a la consejera de Salud, Marina Álvarez, un giro de 180º en sus políticas de consumo.

La federación de consumidores ha forzado que la Junta haga público un listado con las resoluciones sancionadoras resueltas en firme por la Dirección General de Consumo en los últimos tres años, aunque la información no aclara en la gran mayoría de casos las características de los fraudes constatados por la administración.

La oficina de información al consumidor de la Dirección General (Consumo Responde) se negó cumplir la obligación legal de facilitar esta información a cualquier persona que la solicite, por lo que hubo que recurrir al Portal de Transparencia para que acabase haciendo públicos los datos. La opacidad de Consumo se suma a su negativa a reconocer a FACUA como parte interesada en los procedimientos sancionadores, incluso en los abiertos como consecuencia de denuncias presentadas por la propia federación de consumidores.

Hace dos años, FACUA Andalucía provocó que la falta de transparencia de Consumo llegase al debate parlamentario. Los grupos de la oposición Podemos e Izquierda Unida presionaron para que Consumo diese a conocer por primera vez la relación de sanciones impuestas en 2015 pese a la inicial negativa de PSOE, PP y Ciudadanos. "Están en Google", llegó a afirmar la presidenta Susana Díaz cuando tuvo que dar explicaciones en la Cámara, pero lo cierto es que la información sobre las sanciones nunca había sido pública. El año pasado, la Dirección General volvió a ocultar la información.

8 de cada 10 no superan los 1.000 euros

En un elevado porcentaje de casos, las horas de trabajo que supone la instrucción de las resoluciones sancionadoras por parte de los funcionarios de la administración de consumo representa mayor coste económico para los andaluces que el importe de las sanciones en las que derivan.

El listado hecho público por Consumo pone de manifiesto que las 1.789 resoluciones sancionadoras firmes, 34 quedaron en amonestaciones, sin multas económicas, y otras 89 en sanciones por importe de 0 euros, algunas de ellas a grandes firmas como el Santander, Cepsa, Easyjet, Mercadona y Apple.00

En resumen, ocho de cada diez multas, el 82% (1.437), ni siquiera superaron los 1.000 euros. Es más, el 97% (1.695) estuvieron por debajo de los 5.000 euros.

Casi un centenar de multas de 0 euros

Entre los motivos de las multas de 0 euros, cobrar precios superiores a los anunciados, incumplir medidas o requerimientos de la administración, irregularidades en la información sobre precios, incumplimientos en materia de seguridad de productos, no exponer el cartel de hojas de reclamaciones, carecer de éstas, no responderlas en plazo o introducir cláusulas abusivas en los contratos.

La autoridad de Consumo sólo resuelve en casos excepcionales que las sanciones incluyan el comiso de las cantidades ingresadas por las empresas mediante las prácticas ilegales penalizadas; y cuando lo hace, realiza los cálculos sin tener en cuenta el número real de usuarios afectados y el periodo en el que se ha cometido el fraude. La información hecha pública por la Junta pone de manifiesto que las sanciones se modulan muchas veces a la baja incluso cuando se trata de empresas con millones de clientes.

FACUA Andalucía ha comprobado además la ausencia de criterios homogéneos para fijar los importes de las sanciones ante la comisión de las mismas irregularidades. De hecho, hay multas a pequeñas empresas que son muchísimo más elevadas que otras impuestas a grandes compañías por el mismo incumplimiento de la legislación.

El análisis sobre las sanciones que ha podido efectuar FACUA Andalucía vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que se revisen y homogeneicen los criterios sancionadores de la Dirección General de Consumo y sus servicios provinciales. La federación insiste en reclamar que se endurezcan de forma considerable las multas para que sean proporcionales a la gravedad de los fraudes que las motivan y el número de consumidores afectados.

Las empresas con más multas

Las empresas que acumularon mayor número de resoluciones sancionadoras firmes de la Dirección General de Consumo de la Junta el año pasado fueron Vodafone, con treinta multas (por un total de 124.306 euros), Carrefour, con diecinueve (35.903 euros), Lidl, con dieciocho (20.702 euros), El Corte Inglés y Movistar, ambas con dieciséis sanciones (38.503 y 160.703 euros, respectivamente), Mercadona, con quince (20.351 euros), y Dia, con catorce (17.701 euros).

Las sanciones más elevadas

La multa más elevada, impuesta a Caixabank, fue de tan solo 215.000 euros. Tras ella, una a iDental de 100.000 euros, dos a Movistar de 49.000 y 35.000 euros y cinco de 32.501 euros impuestas a FCC Aqualia, Banco Popular, Phone House, Andalutec Reparaciones y la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo.

Las telecos

La empresa con más multas, treinta, es del sector de las telecomunicaciones: Vodafone, por un total de 124.306 euros. Entre ellas, tres de 600 euros. La sanción más elevada a la multinacional británica fue de 30.001 euros.

En el mismo sector, a Movistar le cayeron dieciséis multas, por un total de 160.703 euros. La más alta fue de 49.000 euros; la más baja, de 500 euros.

El grupo de telecomunicaciones France Telecom (Orange y Jazztel), el tercero por cuota de mercado, fue objeto de ocho sanciones el año pasado, de entre 500 y 5.000 euros: 14.800 euros en total. En cuanto a MásMóvil (que además de esta marca también es la propietaria de Yoigo y Pepephone), la Junta la multó seis veces: las sanciones fueron de entre 0 y 3.000 euros, por un total de 13.500 euros.

La cadena de establecimientos Phone House fue sancionada en siete ocasiones con importes de entre 500 y 32.501 euros: 41.962,60 euros en total.

Los bancos

Caixabank, la tercera entidad financiera de España, fue objeto de seis multas, que sumaron 222.900,51 euros: la más baja fue de 300 euros y la más alta de 215.000,51 euros. El principal banco del país, el Santander, fue multado en cinco ocasiones, con importes de entre 0 y 3.000 euros: en total, 7.001 euros.

BBVA fue multado tres veces, con 600, 1.000 y 3.600 euros. Banco Popular, propiedad del Santander desde junio del año pasado, también recibió tres sanciones, dos de 3.000 euros y una de 32.501 euros. Cajamar, tres multas, de 400, 600 y 1.500 euros. Banca March otras tres, una de ellas de 2.800 euros y las otras dos de 3.000 euros.

Caja Rural del Sur fue multada dos veces, con 4.000 euros en ambos casos. Cajasur Banco también tuvo dos multas, de 600 y 10.000 euros. Banco Mare Nostrum fue objeto de dos multas de 1.500 euros. Bankia no recibió ninguna, como tampoco el Sabadell, Bankinter ni CatalunyaCaixa.

Energía

En el sector de la energía, Endesa fue objeto de ocho sanciones. La más baja fue de 200 euros y la más alta de 5.001 euros. EN total, sumaron 16.702 euros.

Gas Natural recibió dos multas, de 800 y 3.500 euros. A Iberdrola le cayó una sola sanción, de 2.600 euros. La comercializadora Holaluz (Clidom Energy) tuvo una multa de 1.000 euros.