El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, ha puesto fin a la instrucción de la primera pieza separada del caso iDental y ha dictado un auto en el que propone juzgar a la que fuera su cúpula directiva por 24 posibles delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio a las arcas públicas de 23,6 millones de euros.

FACUA-Consumidores en Acción ejerce la acusación particular en el caso, donde representa a numerosos afectados por el fraude. El equipo jurídico de la asociación se encuentra desde entonces tramitando y enviando al juzgado toda la documentación necesaria de los afectados, así como de las diversas irregularidades de las clínicas odontológicas.

Además, FACUA continúa tramitando las reclamaciones que han presentado sus socios, tanto ante las clínicas como a las distintas financieras, para conseguir la paralización de los créditos, la devolución de los importes abonados o la consecución de sus tratamientos y la entrega de sus historiales médicos. Más de 5.000 personas se han sumado ya a la plataforma de afectados por el escándalo de iDental creada por FACUA. Los usuarios pueden unirse a ella a través de la web FACUA.org/iDental.

En la instrucción de esta pieza separada, el magistrado ha visto indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores de iDental, Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco junto a los posteriores propietarios, Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López, así como a quienes entiende, fueron sus colaboradores, José Luis González y Domingo Bejarano.

La acusación afecta a todas las etapas de la compañía, desde su inicio en 2015 con García Pellicer y Castañer hasta la posterior adquisición por el fondo Weston Hill en noviembre de 2017.

Conforme explica el auto, el perjuicio millonario aparentemente ocasionado a la Seguridad Social se empezó a acumular cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban cargos de responsabilidad en el Grupo iDental y continuó creciendo tras el relevo de estos y el nombramiento de José Luis González Sánchez, que si bien ejercía de administrador, funcionaba como testaferro de Sans y los hermanos Garrido.

Según expone, en las distintas etapas de ambas mercantiles entre 2015 y 2018, los investigados desarrollaron maniobras que "señalan el ánimo defraudatorio" con el que obraban y "revelan el vaciamiento patrimonial" del Grupo iDental "mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal".

Considera además que hay indicios de que crearon contratos ficticios de préstamos con obligaciones pecuniarias exigibles a posteriori "justificando de esta forma una devolución de fondos o una posición privilegiada" en ese mismo caso de concurso.

En iDental se habrían perpetrado 23 de los 24 posibles delitos que detalla el magistrado, mientras que en la otra cadena odontológica propiedad de Weston Hill, Instituts Odontológics Associats SL (IOA), se habría cometido otro, pues las empresas de este grupo mantuvieron impagos con la Seguridad Social durante el periodo en que sus responsables fueron Sans, Garrido y Bejarano, quien además, habría estado ejerciendo de testaferro.

De hecho, el magistrado destaca que "constan múltiples indicios" de que Sans y los Garrido "procedieron de manera sistemática a descapitalizar la empresa, apoderándose de los activos, desviando los capitales aportados por inversores y aumentando los pasivos, con la finalidad de vaciarla hasta llevarla a concurso, exactamente en la misma forma en que veían actuando actuando en otras sociedades mercantiles que lograron adquirir sin aportar capital alguno, mediante falsedades en documentos mercantiles y estafas a la entidad financiera Bankia por importe conjunto de 54 millones de euros".