La crisis económica de 2008 puso encima de la mesa el debate sobre la necesidad de refundar el capitalismo y de integrar la ética en las relaciones económicas. El funcionamiento de los mercados se había olvidado de ella, pero también los reguladores y autoridades de control se habían olvidado de recordárselo. Desregulados, sin una concepción ética de las relaciones económicas y con políticas de laissez faire, laissez passer, el liberalismo ha venido construyendo un relato-respuesta a dicha crisis en un intento de corregir los errores cometidos, aquellos que nos llevaron a una crisis financiera que empobreció aún más a los pobres y enriqueció a los más ricos.

La propia banca, germen de la crisis de 2008, se sumó a ese relato y debatió públicamente sobre el papel que los bancos debían desempeñar en la sociedad en términos de servicio a la ciudadanía, a la comunidad y a los grupos concretos con los que interactúa. Trasladó un mensaje artificioso sobre ir hacia un nuevo modelo de negocio responsable, con códigos de buena conducta y canales éticos y asegurando, como así hizo en 2016 el propio presidente de Caixabank, que en la conducta empresarial no sólo era necesario cumplir la legalidad, sino incorporar "una gran vertiente moral".

Todo fue relato. En estos años hemos asistido a la confirmación de que ese discurso fue, y sigue siendo una teatral puesta en escena, sin propósito de enmienda alguno. De la crisis de 2008 no salieron mejores aquellos que fueron los peores, pero sí salimos más desiguales y más vulnerables. Las consecuencias de aquello han contribuido a configurar la realidad de hoy y a recrudecer los efectos de la crisis sanitaria que padecemos actualmente.

En este último año, la pandemia mundial por la Covid-19 ha vuelto a zarandear las bases de nuestro modelo económico y social y ha hecho aún más evidentes los efectos perniciosos de los recortes económicos y de los procesos de privatización de tiempos pasados y recientes, con un debilitamiento de la sanidad pública y de unos servicios comunitarios y sociales precarizados. El abandono y la desamortización de lo público desde hace décadas, en beneficio de intereses privados, nos ha situado en posiciones de mayor debilidad en para afrontar ahora, y superar con generosidad, solidaridad y equidad, las consecuencias de esta crisis.

Necesitamos recuperar y fortalecer lo público, aquellos servicios que satisfacen derechos básicos y esenciales, dotarlos de músculo y centrar los esfuerzos en desarrollar políticas que huyan del individualismo liberal y construyan comunidad. Esta crisis debería servirnos para poner en valor lo público, la solidaridad, la sostenibilidad y la responsabilidad colectiva.

Esta crisis nos hará mejores sólo si somos capaces de afrontarla con reglas y principios éticos de cívica compartida (igualdad, justicia, solidaridad, respeto, participación y diálogo). Esta crisis será una oportunidad para el cambio si las instituciones políticas y económicas priorizan el apoyo a los vulnerables y si contribuyen y destinan los recursos a reducir las desigualdades. Si los gobernantes piensan y trabajan para el bien común y no para el propio.

Es urgente construir entre todos un nuevo orden económico que respete la legalidad y las reglas éticas, que ponga freno a los paraísos fiscales, que revierta la desregulación de los mercados, que ponga freno a los abusos a los consumidores que generan exclusión y empobrecimiento, que apueste por sistemas en los que todos, de manera justa y solidaria, contribuyamos con el pago de nuestros impuestos al mantenimiento de servicios públicos como la salud,la educación, las pensiones y la protección social. Un nuevo orden económico solidario y sostenible.

Es importante también que exijamos gobiernos responsables, empresas responsables y ciudadanía responsable y nos comprometamos con la denuncia de los abusos que podamos observar en nuestro entorno más próximo. Esos abusos se materializan en permitir los desahucios de familias vulnerables, en privar de suministros básicos a los consumidores, en permitir los fraudes de la banca; también en saltarse las medidas y prohibiciones frente al Covid-19 poniendo en peligro la salud y la vida de los demás o prevalerse del cargo público o de una posición institucional relevante para saltarse el orden y la prelación delos planes de vacunación.

De esta saldremos mejores sólo si asumimos ese compromiso ético en términos de igualdad, justicia, solidaridad y bien común, que dé prioridad y sitúe en el centro del debate a aquellos sectores y colectivos más débiles, desiguales y vulnerables. Sólo si superamos el relato bienintencionado y pasamos a la acción transformadora.

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Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.

*La foto de encabezamiento es de Europa Press.